El presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Diego Oroño, afirmó que el nuevo esquema de Imesi para los vehículos eléctricos terminó comprendiendo una franja mucho más amplia de la que el sector esperaba.
El nuevo tributo afectará incluso a los modelos más vendidos del mercado local, que hoy rondan los u$s28.000 de precio al público.
El sector privado propone que cualquier nueva revisión de los beneficios fiscales a autos eléctricos se postergue hasta que estos vehículos representen el 10% del parque del país.
El presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Diego Oroño, afirmó que el nuevo esquema de Imesi para los vehículos eléctricos terminó comprendiendo una franja mucho más amplia de la que el sector esperaba.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En entrevista con Informativo Sarandí, Oroño contó que, tras la emisión del decreto la semana pasada, la asociación "volvió a quedar sorprendida" porque los valores quedaron por encima de lo previsto: pese a que las declaraciones previas de los jerarcas apuntaban a gravar solo a los vehículos de alta gama, el corte terminó ubicándose en un rango que, según distintos análisis, puede llegar a alcanzar autos de 27.000 u 28.000 dólares al público. "El vehículo más vendido eléctrico en Uruguay sale 28.000 dólares el día de hoy, entonces está ahí en el filo", advirtió.
Oroño remarcó además un dato que, a su entender, terminó de transparentar el negocio de la importación: el valor de 19.000 dólares que fija el decreto como umbral corresponde al precio en aduana, no al de venta final. "Un auto llega a Aduana por 18.000 dólares y entra al mercado local por 28.000 dólares", graficó, en referencia a la diferencia que se genera entre el valor de importación y el precio que termina pagando el consumidor.
Para el titular de Auder, sin embargo, el aspecto "más importante" de la medida no pasa por dónde quede exactamente el corte, sino por el cambio de criterio que representa. Sostuvo que se trata de la primera vez que se toca la política energética uruguaya "con un afán recaudatorio", algo que calificó como "un antes y un después" para un área que, según describió, había mantenido consenso entre gobiernos de distinto signo político y que el propio país exhibía como ejemplo en el exterior.
Consultado sobre el impacto que tendrá la medida en el mercado, Oroño anticipó un repunte de ventas durante el segundo semestre de este año, antes de que el impuesto entre en vigencia el 1° de enero de 2027: "El que estaba en la duda va a aprovechar el envión", proyectó. Pero situó esa decisión dentro de una seguidilla que, a su juicio, viene golpeando al sector desde hace meses. Recordó que el subsecretario de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, había generado polémica semanas atrás al calificar al mercado eléctrico como "inmaduro" en un desayuno de trabajo, una definición que, según Oroño, otros actores del gobierno terminaron desmintiendo, y que a partir de ese antecedente se fueron sumando otras señales adversas. Por ejemplo, el Congreso de Intendentes empezó a hablar de eliminar el beneficio de la patente para los eléctricos, y UTE anunció una suba de 30% en el precio de la carga en la vía pública. "Es un sector que venía funcionando, que veníamos empujando, y que de repente recibe tres golpes rapiditos", resumió.
Sobre si la presión de los vendedores de combustibles influyó en la decisión, Oroño no descartó que haya jugado un rol, aunque relativizó su peso. "Ha habido una campaña muy fuerte de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) al respecto. En este contexto de tener que ir a buscar algo más de dinero en el marco de la Rendición de Cuentas, tener un sector reclamando eso hasta ayudó, de alguna manera hace más fácil atender un reclamo que estaba puesto sobre la mesa. Pero no creo que sea lo único, porque me parece que el fondo de esto es recaudatorio", sostuvo.
Por otro lado, el dirigente también contrastó el diálogo que la asociación mantiene con las distintas carteras del gobierno y describió como "muy bueno" y "fluido" el vínculo con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), pero en contraste contó que el MEF nunca les concedió una reunión pese a haberla solicitado en reiteradas ocasiones. "Ese pedido de reunión lo realizamos cuatro veces más y nunca se nos fue escuchado. No nos recibió el MEFen este camino", afirmó, y agregó que la asociación había remitido igualmente un informe técnico elaborado por Auder como insumo para la discusión, sin que fuera tratado.
Pese al rechazo al decreto, Oroño fue pragmático sobre las chances de revertirlo. "Nosotros no estamos de acuerdo con el decreto, pero creo que sería bastante hipócrita pensar que hay chance de cambiarlo. Ya está decidido, y además ya se anunciaron compromisos de gasto social asociados a esos nuevos ingresos", planteó. Por eso, dijo, el foco de la asociación pasó a ser la conversación con la ministra del MIEM, Fernanda Cardona, con quien mantuvieron una reunión el jueves pasado y que, según relató Oroño, se mostró dispuesta a conformar una mesa de trabajo para dar previsibilidad a la política hacia adelante.
El planteo concreto que le acercaron a Cardona fue evitar que, dentro de un año, se vuelva a discutir si hay que tocar los porcentajes o modificar las franjas del impuesto. Como referencia, Oroño citó el caso de Costa Rica, donde los vehículos pagan un 13% de IVA salvo los eléctricos, que vienen gozando de una exoneración que se reduce en un punto porcentual por año hasta desaparecer recién en 2036. "Una política que tiene previsibilidad", remarcó. La propuesta de Auder fue que la próxima instancia de revisión del beneficio quede atada a una meta concreta, por ejemplo, que los eléctricos representen el 10% del parque circulante, en lugar de depender de decisiones discrecionales como la actual. "Nosotros estamos de acuerdo en que hay que revisarlo y que no puede ser promovido eternamente, pero que todavía sí tenía que ser promovido", aclaró, y remarcó que el objetivo de fondo de esos beneficios no es una preferencia por el vehículo eléctrico en sí, sino los compromisos ambientales que asumió Uruguay, entre ellos los ligados al Acuerdo de París y a instrumentos financieros como el bono verde.
Oroño aprovechó la entrevista para actualizar el estado de otro reclamo histórico de la asociación: la actualización de la política energética nacional, que tiene 2030 como horizonte y que, según recordó, Auder viene pidiendo revisar desde 2023 ante la aparición de tecnologías no contempladas originalmente, como la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde. Contó que la Dirección Nacional de Energía (DNE) está trabajando junto a una consultoría de la Fundación Bariloche, que ya entrevistó a distintos actores del sector, incluida la propia Auder, con el objetivo de tener hacia fin de año un documento que se lleve al Parlamento para buscar un nuevo acuerdo multipartidario.
Consultado sobre qué le falta a Uruguay para captar inversiones en un contexto de fuerte electrificación, mencionó como ejemplo la demanda energética de proyectos de inteligencia artificial y data centers, Oroño sostuvo que el país ya dejó atrás la etapa en la que "sobraban" las renovables. Citó estudios que estiman la necesidad de incorporar 500 megavatios de energía fotovoltaica en este quinquenio, de los cuales solo 150 están contemplados en los proyectos actuales de UTE, y planteó a la ministra Cardona la necesidad de reabrir la puerta a la inversión privada en renovables a través de contratos de compraventa de energía, el modelo que impulsó las primeras olas de generación eólica y fotovoltaica en el país.