2 de julio 2025 - 10:29

Proponen eliminar 300 regulaciones que encarecen procesos y perjudican la actividad económica

Las propuestas surgieron de reclamos ciudadanos sobre normativas que dificultan gestiones, desalientan inversiones y restan competitividad.

Comercio, agro y salud, entre los sectores más afectados por normas que buscan eliminar.

Comercio, agro y salud, entre los sectores más afectados por normas que buscan eliminar.

Foto: Freepik

Con el objetivo de facilitar la actividad económica y mejorar el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) entregó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una base de datos con más de 300 planteos sobre trabas regulatorias vigentes en el país.

La iniciativa forma parte del proyecto "Uruguay Más Simple", que entre abril y junio de este año recolectó inquietudes ciudadanas a través de una plataforma web. Las respuestas, presentadas de forma anónima, detallan regulaciones que dificultan trámites, encarecen procesos y afectan negativamente a sectores productivos, empresas y personas.

"Uruguay sufre un exceso regulatorio que no solo demora trámites y encarece procesos, sino que también limita las oportunidades para empresas, trabajadores y ciudadanos", señaló el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, en un evento reciente con empresarios y luego agregó: "Simplificar las normativas permitiría un Estado más eficiente con políticas públicas mejor ejecutadas e impulsaría el desarrollo del país".

Los sectores que más reportaron dificultades fueron el comercio mayorista y minorista (17%), la ganadería y agricultura (11%), servicios financieros y seguros (10%), salud (10%) y la propia administración pública (8%). En cuanto a los organismos más mencionados como origen de trabas, encabezan el listado el MEF (21%), las intendencias (16%), el Ministerio de Salud Pública (16%) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (14%).

Planean anexar el proyecto al Presupuesto Nacional

Cada uno de los planteos entregados incluye una descripción de la normativa identificada como problemática, el organismo del Estado involucrado y el impacto generado, lo que lo convierte en una herramienta concreta para la elaboración de políticas públicas.

Ceres espera que la información sirva como insumo para el diseño del próximo Presupuesto Nacional, que el gobierno debe presentar al Parlamento antes del 31 de agosto. "Escuchar a quienes enfrentan trabas inadecuadas es fundamental para diseñar soluciones eficaces, ancladas en la realidad", expresó Munyo en la carta de entrega.

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