Proyectos desarchivados, cambios en la ley de género y ¿paridad política?, las iniciativas que están en el Parlamento

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición buscan tratar diversas iniciativas en materia de género en el nuevo período de gobierno del Frente Amplio.

El Parlamento tiene diversas iniciativas en materia de género.

Foto: @SenadoUy

El cambio de gobierno que tuvo lugar una semana atrás no solo implicó nuevas autoridades, sino también una nueva Legislatura que asumió a mediados de febrero; pero, sobre todo, un nuevo rumbo político en determinadas áreas y, con éste, la oportunidad (o no) para determinados cambios: las políticas de género son una de esas áreas, en la que ya comienza a verse movimientos y disputas. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas parlamentarias al respecto?

Con el Día Internacional de la Mujer como telón de fondo que se extiende durante todo marzo, y el nada anecdótico hecho de la reciente asunción de un nuevo gobierno del Frente Amplio (FA), encabezado por Yamandú Orsi y Carolina Cosse en la presidencia y vicepresidencia, respectivamente; algunas cuestiones relacionadas a políticas de género ya fueron puestas sobre la mesa del debate parlamentario.

La primera de ellas, por parte del oficialismo con el pedido de desarchivar proyectos de ley relacionados con la equidad de género; el segundo, desde la oposición, con la intención —renovada— de hacer modificaciones en la ley de violencia de género.

Cambios, debate y polémica

La propuesta realizada por Gustavo Zubía del Partido Colorado (PC) y apoyado expresamente por Andrés Ojeda y Robert Silva implica la modificación del artículo 3 de la ley 19.580 de violencia basada en género, referido a la valoración de la prueba en las denuncias por este tipo de violencias.

El texto original presentado por los colorados establecía originalmente que se debería tener en cuenta "el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima" de la agresión sexual; mientras que, más tarde, compartieron otra redacción del artículo que suprime la palabra "sexual" y habla solamente de "historia previa o posterior".

"Establecemos la posibilidad de que el juez pueda prudentemente evaluar esa conducta. No puede haber elementos vedados a la vez de evaluar la prueba. Somos conscientes que el silencio de la víctima o la falta de resistencia no son necesariamente manifestaciones de aquiescencia a la conducta sexual. Hay determinado tipo de víctimas que por temor no emiten esa voluntad", explicó Zubía en conferencia de prensa, respecto de un proyecto que, según sus impulsores, va en contra de las denuncias falsas.

Cabe recordar que, en 2024, también si buscó modificar la ley de violencia de género con el mismo propósito, aquella vez impulsado por el mismo presidente Luis Lacalle Pou: “Tratamos de hacer una ley un poco más equilibrada sin perder el norte”, justificó entonces.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento incluía cuatro modificaciones. Entre ellas destacaba el tercer artículo, que indicaba que las denuncias que se realicen a sabiendas de un delito que no se ha cometido o que sus indicios sean simulados, será de aplicación el delito de calumnia y simulación de delito.

En ambos casos —el del año pasado y el actual—, la búsqueda de modificaciones generó polémica. “Me parece terrible. Existen esas voces negacionistas de las violencias hacia las mujeres y niñas y niños”, expresó la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Mónica Xavier, al respecto.

Proyectos desarchivados por el FA

Desde el oficialismo, en cambio, la principal propuesta en materia legislativa en la primera semana de sesiones ordinarias fue la de desarchivar tres proyectos relacionados a la equidad de género y a los derechos humanos. Los tres fueron presentados durante el período anterior por la coalición de izquierda desde la oposición, pero quedaron pendientes de ser tratados.

Uno de los proyectos refiere al matrimonio infantil. En Uruguay, la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, algo que ha sido observado por más de diez organizaciones internacionales, según explicó la vicepresidenta y presidenta del Senado, Carolina Cosse. Por ello mismo, y teniendo en cuenta las recomendaciones de dichos organismos, el ahora oficialismo quiere insistir en el proyecto de ley que propone elevar ese límite a 18 años.

El segundo proyecto tiene como objetivo estructurar un sistema de información en el Inmujeres que permita registrar de forma sistemática y oficial la brecha salarial de género.

Según lo expuesto, dicho sistema recopilaría información sobre el promedio salarial de hombres y mujeres en empresas con más de 50 empleados del sector público y privado; a partir de datos proporcionados por el Banco de Previsión Social (BPS) y otros organismos competentes, con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). La información se presentaría cada seis meses y permitiría conocer la brecha salarial por rubro y género.

Por último, el tercer proyecto desarchivado trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Al respecto, Cosse indicó que la iniciativa plantea que estos delitos no tengan un período de prescripción, debido a que pueden generar daños con efectos a lo largo de toda la vida. Según adelantó, la exposición de motivos del proyecto desarrolla los fundamentos jurídicos y humanos del proyecto, que será analizado en la Comisión de Derechos Humanos.

Asimismo, el gobierno presentará el lunes sus compromisos en materia de políticas de género, en un acto central que definirá los lineamientos que no solo seguirá el Inmujeres, sino todo el Poder Ejecutivo de manera transversal.

¿Una nueva oportunidad para la paridad política?

El año pasado, el proyecto de ley de paridad de género, que buscaba alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres en la integración de los órganos electivos nacionales, departamentales y municipales, fue rechazado en el Senado.

La iniciativa, impulsada por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez y que requería una mayoría especial de 21 votos, contó con 14 afirmativos y 15 negativos, gracias a las adhesiones de los legisladores del Frente Amplio, de Carmen Sanguinetti (Partido Colorado), la propia Rodríguez y Beatriz Argimón.

Pese a que la senadora del Partico Nacional (PN) no renovó su banca —y, de hecho, se distanció de su espacio político, que no acompañó la iniciativa—, no sería impensado que una propuesta similar encuentre su camino nuevamente en el recinto durante la actual Legislatura, donde el FA tiene mayoría propia en la Cámara Alta y la mitad de los legisladores de la Cámara Baja.

Una mayor participación de las mujeres en el Parlamento y en los cargos políticos en general es uno de los pendiente de Uruguay.