28 de abril 2024 - 08:52

¿Qué consecuencias generaría en la economía el plebiscito del PIT-CNT?

La eventual aprobación de la iniciativa contra la reforma de la seguridad social podría causar un impacto en las cuentas públicas.

El PIT-CNT entregó las firmas para avanzar en un plebiscito contra la reforma de la seguridad social.

El PIT-CNT entregó las firmas para avanzar en un plebiscito contra la reforma de la seguridad social.

El PIT-CNT presentó un total de 430.023 firmas en el Parlamento para materializar su plebiscito contra la reforma de la seguridad social, que se votará junto con las elecciones nacionales de octubre.

La propuesta, que generó fuertes críticas desde el oficialismo, plantea que la edad jubilatoria mínima empiece a ser de 60 años, mientras que el haber previsional pasaría a estar atado al salario mínimo nacional.

Otro de los ejes de la iniciativa es la eliminación del ahorro individual, las AFAP y del lucro en el sistema previsional. Teniendo en cuenta estos lineamientos, ¿cuál sería el impacto de una eventual aprobación del plebiscito para la economía uruguaya?

Aumento del gasto público y suba de impuestos

El efecto más palpable de la posible reforma constitucional sería un fuerte incremento del gasto público, de manera instantánea, debido al anclaje del haber mínimo al salario mínimo nacional.

Para afrontar ese costo, “se necesitarían más de 1.100 millones de dólares extras por año”, detalló el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, estimando el cálculo en 1,5% del PIB.

En tanto, la baja de 5 años en la edad jubilatoria representaría un aumento de cerca de 3.000 millones de dólares, incluyendo al BPS, así como las cajas Militar, Policial y Paraestatal, equivalente al 4% del PIB.

Al mismo tiempo, hay consenso entre los economistas en que la modificación supondría un aumento del Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE), el Impuesto al Patrimonio y las franjas más altas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que implicaría “serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía”.

Recolección de firmas, PIT-CNT.jpg

Uruguay podría perder el grado inversor

Si los uruguayos validaran los cambios en consulta popular, podría afectar la visión internacional sobre la seguridad jurídica y claridad en las reglas del juego de país, mellando la confianza internacional y afectando las inversiones.

“Uruguay es un país que se caracteriza por dar certeza jurídica y así el gasto en jubilaciones y pensiones se va a disparar. Corremos el riesgo de perder el grado inversor”, sostuvo al respecto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

Posibilidad de juicios al Estado

Este escenario dispararía la inseguridad jurídica “no sólo por la confiscación de los ahorros administrados por las AFAPs, sino porque también pone en duda la reforma de 1996”, advirtió el socio de Exante, Pablo Rosselli.

Algo similar opinó Munyo, quien agregó que “es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP”, estimado en 22.000 millones de dólares. A su vez, anticipó que “las AFAP podrían hacer lo mismo, reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados”.

El director de Ceres consideró que, de aprobarse, la iniciativa de la central sindical implicaría una reducción del ahorro privado, debido a la prohibición. “Las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional”, sostuvo.

Munyo indicó que eso tendría un efecto regresivo en la distribución del ingreso. “Los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada”, planteó.

En esa línea, Rosselli planteó que “la indexación de las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo, como pasaba hasta 2005”. En paralelo, argumentó que “son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años, las de menores deberán trabajar más allá de esa edad”.

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