29 de mayo 2024 - 08:06

¿Qué fue primero en Uruguay, la institucionalidad política o la estabilidad económica?

Destacado en la región por ambas características, los sucesos del año electoral -con plebiscito incluido- invitan a pensar la relación de esos factores en la historia del país.

Los presidentes José Mujica, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, durante la asunción de Lula da Silva en Brasil.

Los presidentes José Mujica, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, durante la asunción de Lula da Silva en Brasil.

Foto: Presidencia

Uruguay es reconocido en la región por su alto nivel de institucionalidad política pero, recientemente, ha destacado también por sus mejoras a nivel de estabilidad económica, a punto tal que las tres mayores agencias de calificación han elevado la nota crediticia del país. Ahora bien, ¿cuál de las dos circunstancias es condición de posibilidad de la otra?

Ámbito dialogó con dos especialistas a partir de la misma pregunta: ¿La institucionalidad política característica de Uruguay es posible por la relativa estabilidad económica o, al contrario, las mejoras en el plano económico son las que posibilitan una política institucionalizada?

“En primer lugar, en términos teóricos, uno puede decir que la relación entre una y otra va en los dos sentidos. De todas maneras, en situaciones de relativa normalidad y pensando concretamente en el caso uruguayo, creo que es más fuerte el papel que juega la institucionalidad política en la creación de condiciones favorables para el funcionamiento de la economía”, consideró Jaime Yaffé, profesor de Historia y doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República.

“La historia reciente de Uruguay demuestra que aún en situaciones críticas, las instituciones políticas han sobrevivido”, señaló, recordando la crisis de 2002 como el último caso concreto, y situándolo en oposición a lo sucedido en dictadura.

Para Yaffé, la previsibilidad del funcionamiento político crea condiciones favorables para que la economía funcione bien. “Esencialmente porque los agentes económicos privados tienen un marco de confiabilidad para invertir y desarrollar sus negocios, pero también porque la estabilidad de las políticas públicas macro contribuye a modelar el comportamiento de los actores económicos”, sostuvo.

Dos aspectos que evolucionan en conjunto

Bruno Gili, contador e integrante del directorio del think tank Ágora, consideró que “la institucionalidad es muy relevante porque la política económica la llevan adelante las instituciones". "Si las instituciones no funcionan bien, es muy difícil llevar adelante una política económica”.

Para él, en tanto, la institucionalidad tiene un sentido amplio y contempla desde el Poder Ejecutivo, el Banco Central del Uruguay (BCU) —con cierto grado de independencia— y un Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) profesionalizado, hasta una Justicia independiente que pueda arbitrar los conflictos y dé certeza sobre el derecho a la propiedad; pasando por reguladores de distintos mercados que estén técnicamente capacitados para evitar desbordes de la economía que lleven a situaciones de riesgo sistémico.

La sociedad también juega su rol en la concepción de institucionalidad que postuló Gili, en tanto es necesario que la ciudadanía valore la estabilidad económica, una economía sana con intervenciones necesarias pero acotadas de las instituciones que superan al partido que está gobernando. Además, señaló el consenso de la academia en torno a ciertos criterios sobre la solvencia de la economía y el respeto a las reglas del juego, en tanto el pensamiento integral de los economistas en Uruguay es clave ya que “alimentan las ideas de los partidos”.

Todo este conjunto de cuestiones objetivas y subjetivas institucionales son las que, para el director de Ágora, posibilitaron y, a la vez, se fueron construyendo a la par de la estabilidad económica. “Si uno mira la historia del Uruguay en los ‘90, el país hizo un gran esfuerzo en las instituciones y en construir consenso en el manejo de la economía del país, eso fue avanzando de manera conjunta”, consideró.

“Cuando vas a construir un país estable en lo económico, construís un set de leyes y reglas que construyen instituciones, que buscan profesionalizar la economía”, señaló Gili, y añadió: “Cuando eso es un activo país, quita grado de libertad a los que toman decisiones para que pongan en riesgo la calidad económica. Y cuando la ciudadanía vota, está bueno que valore los éxitos económicos, eso hace a los valores institucionales de un país”.

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El plebiscito de la seguridad social abre interrogantes

El año electoral trae las incertidumbres de siempre por el posible cambio del partido de gobierno, más allá de que las líneas generales institucionales se mantengan. El 2024 viene acompañado del condimento nada menor del plebiscito contra la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, que se llevará a cabo junto con las elecciones generales de octubre.

Así como lo han señalado diferentes organismos internacionales, agencias calificadoras y economistas de todos los espacios políticos, la reforma constitucional en materia de seguridad social que busca la central sindical supondría, en principios, importantes desafíos para la gestión económica, sino es que pone en riesgo la estabilidad.

“El plebiscito está dentro de las reglas del juego de la democracia uruguaya, de las reglas institucionales, y va a tener que decidir la ciudadanía, que tendrá que tener la responsabilidad suficiente para entender las consecuencias”, consideró Gili.

Lo cierto es que el desafío consiguiente a un eventual voto positivo al plebiscito lo tendrá que afrontar gane quién gane. “Lo más complicado de manejar sería que, al tratarse de una reforma constitucional, solo otra reforma lo podría corregir. Esa es la rigidez que introduciría, pero creo que el sistema político uruguayo ha mostrado en esta década capacidad de superar estas cuestiones”, apuntó Yaffé.

Para el politólogo, se abriría “un proceso de negociación política que va a terminar generando algún tipo de ajuste al sistema que evite las consecuencias más negativas que han dicho que puede tener sobre la viabilidad del sistema y su impacto sobre las finanzas públicas”.

Según Gili, los mayores desafíos dependerán de cómo se financie la eventual reforma: qué impuestos se agreguen o se aumenten, qué cosas se dejen de hacer y cómo se enfrente la presión que la agudización de otros problemas sociales comience a ejercer sobre el sistema. Pero esto no supone “presión a la institucionalidad”. “Pone muchos retos, desafíos a quienes les toque dirigir la economía, para continuar el desarrollo; pero no pone en riesgo la estabilidad económica del país ni tampoco a las instituciones en aprieto”, concluyó.

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