Reforma de la normativa laboral y menos burocracia, las claves para dinamizar la actividad empresarial según la Cámara de Comercio

La gremial elaboró un estudio junto con el CED y la OIT que insiste en la necesidad de reducir costos operativos y de diferenciar a las empresas dentro de la negociación salarial.

La Cámara de Comercio apunta a un reforma de la normativa laboral y una menor burocracia para dinamizar la actividad empresarial.

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La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy) presentó un informe elaborado en conjunto con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se plantea la actual situación de competitividad de las empresas en el país y se propone una reforma laboral que avance hacia menos barreras normativas y burocráticas.

Los reclamos por la competitividad de las empresas uruguayas no es novedad y, en el caso del sector Comercio y Servicios, se puso especialmente en debate ante el auge de las compras en el exterior a través del régimen de franquicias —el llamado "efecto Temu", sobre el cual se incorporaría un impuesto (IVA) en caso de que se apruebe dentro del proyecto de ley de Presupuesto en el Senado. Por esto mismo, la CCSUy, junto con el CED y la OIT presentaron un informe sobre este tema, junto con algunas conclusiones respecto del mercado laboral y sus regulaciones.

"El tema de los descuelgues, de considerar las realidades de las diferentes empresas en relación a su tamaño y localización, así como a nivel sectorial, estuvo presente en el proyecto. Quizás con esta primera etapa más de diagnóstico y ya pensando en una segunda etapa donde podamos ir a soluciones concretas que tengan impacto en la competitividad de nuestra economía en general y de las empresas en particular", consideró al respecto la asesora económica de la Cámara, Ana Laura Fernández, en diálogo con Radio Monte Carlo.

Hacia una reforma laboral

La necesidad de avanzar hacia una reforma laboral fue uno de los pilares en el diagnóstico realizado por las organizaciones, a partir de un escenario en el que el mercado de trabajo uruguayo se caracteriza por una fuerte institucionalización de las relaciones laborales, sustentada en normas con larga tradición histórica y en una estructura tripartita de negociación que, mientras contribuyó a la estabilidad social y a la consolidación de derechos laborales; también generó rigideces y asimetrías que afectan más profundamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Los tres aspectos más dañinos en este sentido serían la centralización sectorial —decisiones adoptadas en los Consejos de Salarios y aplicadas de manera general, sin contemplar las diferencias entre las empresas—; la participación del Estado en la negociación tripartita y en la definición de los lineamientos salariales —en tanto las pautas y ajustes fijados por el Poder Ejecutivo implican un costo difícil de sostener para pequeñas empresas— y la extensión automática de los convenios y resoluciones que alcanzan a todas las empresas del grupo de actividad, incluidas aquellas que no participan directamente de la negociación.

Con este telón de fondo, el informe apunta a la necesidad de modernizar las reglas del mercado laboral para darle más libertad a las partes y permitir acuerdos voluntarios que beneficien tanto a los empresarios como a los trabajadores, y que puedan darse, asimismo, a nivel particular de cada negocios, para dar lugar a las particularidades específicas de cada uno.

En ese sentido, los descuelgues salariales también tuvieron su lugar en las consideraciones de la CCSUy. Sobre ello, el informe señala que es necesario tender hacia mecanismos de descuelgues claros y transparentes y determinados por indicadores objetivos en la medida que la empresa no pueda cumplir con el convenio vigente. Los mismos deberían sustentarse en criterios técnicos, como el peso del costo del salario sobre las ventas.

Además, la gremial consideró como una posibilidad habilitar los “descuelgues positivos”, que permitan al empleador desaplicar la norma de los Consejos de Salarios, en la medida que pueda establecer beneficios alternativos que le generen al trabajador una situación más favorable que la adoptada en la negociación.

La barrera burocrática

En la misma línea de interpretación del mercado de trabajo, el estudio de la CCSUy, el CED y la OIT se centró también en las diferentes restricciones que enfrenta el sector privado, sobre todo en lo que es la burocracia administrativa y sus efectos sobre la competitividad.

“En el caso uruguayo, donde la estabilidad institucional y el cumplimiento normativo son parte de la identidad del país, la densidad regulatoria ha tendido a transformarse en una barrera estructural para la actividad empresarial”, apuntó el texto, que tuvo en cuenta el Índice de Burocracia Empresarial elaborado por el CED, que indica la existencia de una multiplicidad de normas, permisos, inspecciones y registros que, en la práctica, se traducen en un elevado costo administrativo y reducen la agilidad del ecosistema productivo.

Ante esto, el informe propuso eliminar restricciones y simplificar procedimientos comerciales, incluyendo la liberalización de importaciones específicas, reducción de la tasa consular y eliminación de autorizaciones previas innecesarias.