Las nuevas autoridades de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, con Gonzalo Casaravilla —extitular de UTE— a la cabeza, asumieron el jueves en un acto que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi; con el compromiso de hacer de la empresa "una referencia" luego del escándalo que tuvo lugar en 2023.
Salto Grande: el gobierno pasa página del escándalo de 2023 y se propone recuperar confianza
Las nuevas autoridades asumieron en presencia del presidente, Yamandú Orsi, quien destacó el rol la energía para el desarrollo nacional.
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La "gestión transparente" fue el eje sobre el que giró el discurso de Casaravilla al asumir la presidencia de la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, recordando las denuncias por clientelismo político que afectaron al organismo en 2023 y que llevó a la renuncia de su entonces titular, el nacionalista Carlos Albisu. El desafío, señaló, será "recuperar la imagen de que en la Comisión se hacen las cosas bien".
En este sentido, sostuvo que la tarea se orientará a jerarquizar el profesionalismo, la ética y el compromiso con el ejercicio de la función. Y adelantó que analizará los contratos que estuvieron bajo la lupa en 2023, cuando se abrió la polémica por designaciones directas de varios funcionarios que eran militantes del Partido Nacional (PN).
“Me encontré con un Salto Grande, dañado, en el sentido de que la gente está cansada de una serie de cosas que pasaron, una serie de injusticias, incluso situaciones de acoso, que no vienen al caso, porque el problema es que el nivel de gestión binacional de Salto Grande es diferente del Uruguay, es diferente a Argentina, es binacional”, explicó Casaravilla.
El nuevo jerarca también se comprometió a no utilizar el cargo como “trampolín político”, e implementar acciones de responsabilidad social orientadas a mejorar la capacidad productiva y el trabajo con los jóvenes. Y, finalmente, llamó a asegurar el ingreso transparente y equitativo de los funcionarios y destacó la necesidad de gestionar los recursos de forma eficiente, transparente y eficaz.
Al respecto, recordó que “el ingreso a la función en Salto Grande históricamente podía ser discrecional”, algo que cambió en 2005 con la llegada al gobierno del Frente Amplio (FA), cuando casi todos los ingresos pasaron a ser por concurso. “Eso es un cambio cultural, que se revirtió durante estos años. Hay que recuperar esa imagen para la confianza del propio trabajador”, afirmó.
Por su parte, Orsi dio por finalizado el escándalo de 2023 y destacó el trabajo de la CTM y de Casaravilla como su presidente: “Yo visualizo que Salto Grande es una referencia. Acá ponemos a alguien que le ponga pienso a algo que es central para el desarrollo nacional, que es la energía”, señaló el mandatario.
Las denuncias por clientelismo político en 2023
La polémica comenzó en agosto de 2023 luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —entonces liderado por Azucena Arbeleche— aprobara un aumento en las partidas presupuestarias para la CTM Salto Grande. Los reclamos no tardaron en aparecer incluso desde la coalición de gobierno misma, con dudas sobre el uso de los recursos y, más adelante, sobre posible clientelismo político en favor del Partido Nacional.
En ese entonces el Frente Amplio denunció que Albisu contrató de forma directa a varios ediles del Partido Nacional, con elevados sueldos y los beneficios tributarios que implica trabajar para Salto Grande como, por ejemplo, la eximición del pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Además, la oposición de aquel momento señaló la adjudicación de partidas presupuestarias por 200 millones de pesos como una maniobra clientelista.
El caso derivó en una interpelación a Arbeleche y al entonces canciller Francisco Bustillo, y la renuncia del nacionalista a la presidencia de la CTM.
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