El Partido Nacional (PN) resolvió enviar una nota al presidente de la República, Yamandú Orsi, para plantear sus cuestionamientos al funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y reclamar que el Poder Ejecutivo ejerza las potestades previstas en la Constitución.
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La Coalición Republicana activará un frente de seguimiento parlamentario para investigar si el organismo persiguió a legisladores de forma irregular.
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Los blancos acusan a la mayoría oficialista de la Jutep de haberse atribuido potestades que corresponden a la Corte Electoral.
La declaración, aprobada este lunes por el Directorio blanco, se apoya en un informe jurídico del catedrático en Derecho Administrativo Augusto Durán Martínez, que advierte sobre presuntas irregularidades en actuaciones de las autoridades del organismo.
Según el documento partidario, el informe coincide en aspectos sustanciales con las advertencias formuladas por el director de la Jutep que representa a la oposición. Entre otros puntos, cuestiona el procedimiento utilizado para tramitar denuncias, la elaboración anticipada de un informe por parte del vicepresidente y el acceso de los directores a información reservada de las declaraciones juradas.
Las objeciones al procedimiento de la Jutep
Uno de los principales cuestionamientos refiere a la modificación del procedimiento para el tratamiento de denuncias. De acuerdo con la interpretación del informe citada por el PN, la presidenta de la Jutep habría alterado unilateralmente ese mecanismo en 2025, antes de que el cambio fuera aprobado por el directorio.
El documento también objeta la actuación del vicepresidente, quien habría elaborado y circulado un informe antes de la intervención de los servicios técnicos. Según la declaración blanca, Durán Martínez considera que ese procedimiento fue indebido y configuró un prejuzgamiento. Además, advierte que, si se comprobara que el informe fue remitido al área técnica que luego debía intervenir, podría existir una irregularidad grave por afectar su autonomía.
Otro punto de controversia es el acceso a los datos reservados de las declaraciones juradas. El PN sostuvo que, según el catedrático, los directores no tienen acceso individual a esa información por el solo hecho de integrar el organismo y que la interpretación sostenida por la mayoría de la Jutep no se ajustaría a la ley.
Reclamo al gobierno y seguimiento parlamentario
La declaración también expresó preocupación por actuaciones recientes de la Jutep que, según el PN, habrían excedido las competencias del organismo al indagar a legisladores por asuntos que corresponden a la órbita de la Corte Electoral.
A partir de esos antecedentes, los blancos sostuvieron que la actual mayoría del directorio no ofrece las garantías republicanas necesarias para el ejercicio de sus funciones. Por eso, reclamaron al Poder Ejecutivo que ejerza las potestades previstas en el artículo 198 de la Constitución, dado que la Jutep es un servicio descentralizado que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.
El PN anunció, además, que coordinará acciones con los demás integrantes de la Coalición Republicana y encomendará a sus legisladores el seguimiento parlamentario del caso. La nota dirigida a Orsi también pondrá en conocimiento del presidente y del ministro de Educación y Cultura el contenido de la declaración y el informe jurídico.
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