Una empresa inexistente y en liquidación, defensa de los bienes públicos y errores de gestión, los motivos para denunciar a Cardama

El gobierno inició acciones penales y civiles contra el astillero español encargado de la construcción de las dos patrullas oceánicas ante una presunta "estafa".

Una empresa inexistente y en liquidación, defensa de los bienes públicos y errores de gestión, los motivos para denunciar a Cardama.

Foto: Astillero Cardama

El gobierno presentó el viernes por la tarde la denuncia penal y civil contra el astillero español Cardama, encargado de la construcción de las dos patrullas oceánicas de tipo OPV, por un presunto "fraude o estafa" contra el Estado uruguayo: "La garantía era de una empresa inexistente", apuntó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, como uno de los principales factores que llevaron a la presentación judicial.

El Poder Ejecutivo dio inicio a lo que será un proceso de investigación judicial largo y complejo, con implicancias que pueden llegar a generar fricciones en la relación con España, pero que ya las generó con la oposición y, sobre todo, con el Partido Nacional (PN). Es que la presentación de la denuncia en Fiscalía oficializó lo que ya había sido anunciado por el mismo presidente, Yamandú Orsi: el oficialismo rescindirá el contrato con Cardama por la construcción de las patrullas y avanzará por la vía judicial para comprobar (o no) las irregularidades encontradas en el proceso de compra.

"La garantía era de una empresa inexistente", señaló Díaz tras iniciar las acciones penales y civiles contra el astillero español, cuestión que ubicó como principal motivo detrás de la decisión del gobierno.

Una empresa inexistente y en liquidación

Según explicó el prosecretario, que encabezará todo el proceso en representación del Estado uruguayo, la garantía de fiel cumplimiento, un requisito para que entrara en vigencia el contrato con el astillero español, tenía una cláusula de duración de 42 meses. Sin embargo, esa disposición se modificó “sin ninguna motivación” y se estableció que fuera por 12 meses, renovables cada año.

“Al hacer esa modificación, se estableció que 30 días antes Cardama debía constituir y comunicar al Estado uruguayo la constitución de una nueva garantía”, dijo Díaz, y agregó que dicha comunicación no tuvo lugar en el plazo indicado, por lo que se resolvió ejecutar la garantía; lo que "significa solicitarle a la empresa inglesa que transfiriera el dinero a una cuenta del Estado uruguayo para asegurarnos seguir teniendo la garantía".

Con "empresa inglesa", el jerarca se refirió a EuroCommerce Bank, la aseguradora que el astillero español presentó como uno de sus garantes. "La sorpresa fue que, cuando fuimos a hacerlo, nos encontramos con que no existía la empresa ni la garantía”, apuntó.

Asimismo, contó que apenas "15 minutos antes de la conferencia de prensa" en la que el presidente, junto a Díaz y al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, comunicaron a la población uruguaya la decisión de rescindir el contrato y la situación con la que se encontraron en Reino Unido —con una compañía "de papel" y la posibilidad de estar ante un "fraude o estafa" contra el Estado—; "se recibió un mail en el Ministerio de Defensa diciendo que Cardama había renovado la garantía pero se había olvidado de comunicarlo".

"Pero la renovación de la garantía fue con la misma empresa, una empresa inexistente y que ya estaba en liquidación”, detalló el funcionario.

En defensa de los bienes públicos de los contribuyentes

Por su parte, Sánchez insistió que la denuncia es por "hechos" constatados durante el proceso de ejecución de la garantía, y que ahora será trabajo de la Fiscalía el convocar a Cardama, en tanto fue la empresa que presentó dicho aval, pero también a quienes lo aceptaron, "que eran los funcionarios públicos que actuaron en el otorgamiento de esa garantía".

En ese sentido, el secretario de la Presidencia sostuvo que, para el gobierno, "es un profundo error de gestión haber aceptado esta garantía”. Desde la oposición, claro, niegan cualquier irregularidad y minimizan la denuncia del oficialismo como una cuestión burocrática que podría haberse resuelto a través de una conversación directa con el astillero español.

Sobre ello, Sánchez reconoció que "hay una discusión que va subiendo de tono y no es la intención del Poder Ejecutivo ingresar en ella", en tanto "el tema es muy importante, como 30 millones (de dólares) que ha invertido el Estado uruguayo y como es la necesidad de tener patrulleras”.

"Estamos defendiendo los bienes públicos que son de los contribuyentes”, aseguró.