Accionistas de Torneos (como DirecTV) temen golpe económico a sus empresas

Desde el miércoles a la mañana cuando las esquirlas del FIFA-Gate cruzaban todos los continentes en busca de nuevos protagonistas, había ya actores secundarios que empezaban a preocuparse por cuántos vidrios de sus oficinas iban a ser alcanzados por la onda expansiva.

Entre los más preocupados estaban los accionistas de Torneos, cuyo CEO, Alejandro Burzaco está primero en la lista de empresarios que según la justicia de Estados Unidos fue pagador de coimas. Saben muy bien que una investigación de este tipo trae consecuencias que golpean la economía de cualquier negocio. 

Torneos tuvo en sus más de tres décadas de existencia distintas composiciones societarias. Pero en la actualidad, la participación accionaria de la empresa se divide entre DirecTV Latin America, el fondo suizo DLJ Offshore Partners, FTR Investment, y el propio Alejandro Burzaco. 

La estadounidense DIRECTV Latinoamérica, división en la región de DIRECTV, Inc., es el proveedor de televisión satelital líder en toda América latina y el Caribe, con una llegada más de 17,2 millones de clientes. La empresa madre cotiza en el índice tecnológico Nasdaq de la bolsa de Nueva York. Desde que se destapó el escándalo de la FIFA, su acción perdió casi un dólar en tres rondas.

Hasta hace poco también formaba parte de los accionistas de Torneos, el gigante estadounidense de los medios Liberty Media (este año vendió al fondo de Islas Vírgenes: FTR Investment), que centra su negocio en las industrias del entretenimiento a través de su propiedad de participaciones en filiales y otras empresas. 

En estos días, el empresario Carlos Ávila, expresidente de Torneos, se refirió de potencial complicidad de los accionistas estadounidenses de la firma implicada. "¿Nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Torneos es una sociedad muy importante, que tiene accionistas como DirecTV y Liberty. ¿Cómo no sabían si es que se pagaban coimas?". Ávila, aún dolido por cómo Burzaco lo licuó de la empresa que había creado, apuntó derecho a los socios extranjeros para hacer más ruidosa la fractura. 

Libery Media Corp, al igual que DIRECTV, cotiza en el Nasdaq y desde el miércoles pasado, la acción perdió un 0,6%. 

Si bien las caídas en las cotizaciones no son hoy fuertes, el golpe puede venir por otro lado. Las empresas saben que pueden ser investigadas por la acción directa de su socio argentino. Al respecto, el abogado especialista en derecho financiero, Eugenio Bruno, indicó a ámbito.com que "podrían abrirse eventuales investigaciones bajo la denominada ley RICO que penaliza prácticas de asociación ilícita como parte de la investigación abierta esta semana". Esta tan nombrada norma RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) contempla una treintena de delitos que son penados con multas y con hasta 20 años de prisión. 

Respecto a la severidad de los castigos, Fernando Gamiz, director del área de Fraude, Investigaciones y Disputas de la consultora BDO Argentina, aseguró que "con conocimiento de causa sé que a la Justicia americana le gusta darle fuerte a los empresarios. Si bien hay corruptos que aceptan el dinero de la coima, también alguien lo pagan y ellos son proclives a caerle a los hombre de negocios". Y en el caso de Burzaco y los Jinkis señaló que "si los atrapan, será una sanción dura si logran ser aprehendidos, aunque no creo que llegue a los 20 años de cárcel". 

El antecedente Simens 

Otro de los coletazos económicos s más temidos por las empresas es que una investigación de corrupción pueda dejarlos fuera de Wall Street. Ya hay antecedentes, inclusive en la Argentina cuando Siemens pagó sobornos con el objetivo de ganar una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno de Carlos Menem que incluía la impresión de los nuevos DNI, de padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos. 

En ese momento la Justicia descubrió que los alemanes habían creado una oficina en Europa que sólo se dedicaba a repartir coimas al rededor del mundo. En esa oportunidad, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) intervino y conminó a la empresa a colaborar con la investigación para no verse forzada a suspender su cotización y expulsarla de los mercados estadounidenses. El director de la División de Investigación de la SEC, Robert Khuzami, los acusó de fraude, falsificación de documentos y de organizar reuniones en territorio americano para negociar los sobornos.

La presión fue efectiva. Los directivos se declararon culpables y evitaron el destierro financiero, aunque debieron pagar una multa de u$s 800 millones. 

El fantasma de las compañías sobre estas investigaciones es más grande aún hoy porque saben de la cruzada del gobierno de Obama contra este tipo de prácticas. El mandatario intenta dar señales rígidas contra estas prácticas ya que considera que son fundamentales en momentos en que la economía de su país sigue la senda de la recuperación.

Si bien en el caso de Simens, se encontraron ilícitos dentro de territorio norteamericano, la ley también penaliza a las empresas estadounidenses que pudieran cometer actos corruptos fuera del país. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero hace ilegal sobornar a funcionarios de otros gobiernos para obtener o retener un negocio y, entre otros aspectos, contempla la aplicación de multas para los infractores. De hecho bajo esta ley las corporaciones y otras entidades comerciales están sujetas a una multa de hasta u$s 2.000.000; los oficiales, directores, accionistas, empleados y agentes están sujetos a una multa de hasta $100.000 y prisión de hasta cinco años. Es más, bajo la Ley de multas alternativas, estas multas pueden en realidad ser bastante altas-la multa real puede ser hasta dos veces del beneficio que el acusado buscó obtener al hacer el pago corrupto. 

Otro castigo muy temido que acarrea esta legislación es que bajo las pautas expedidas por la Oficina de Administración y Presupuesto, se puede prohibir a toda persona o firma que se encuentra en violación de la FCPA hacer negocios con el gobierno Federal. La acusación sola puede conducir a una suspensión del derecho de hacer negocios con el gobierno. Además, a toda persona o firma a la que se encuentra culpable de violar la FCPA puede dictaminársele inelegible para recibir licencias de exportación y financiamiento. Los golpes pueden venir de todos lados.