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Lo cierto es que en EE.UU. hay una larga fila de abogados de fondos «buitre» esperando el comienzo de la oferta argentina para presentar medidas cautelares que frenen la operación. Y a ello hay que sumarle las demoras que tendrá la oferta por las trabas que impongan los organismos que supervisan mercados en Italia y en Japón. En la información suministrada ayer por Economía, se aclara que la oferta a bonistas comienza el 29 de noviembre, pero «en las jurisdicciones donde se cuente con las aprobaciones regulatorias necesarias». De todas maneras, trascendió que la postura del Fondo Monetario sería la siguiente en relación con el acuerdo con la Argentina:
• Si hay una aceptación de bonistas por debajo de 80%, el staff aceptaría dar el visto bueno a la operación, pero con el supuesto de que el gobierno tomará medidas (una nueva oferta) para sumar a los que rechazaron en primera instancia.
• Hasta ahora, el diálogo con los funcionarios argentinos es mínimo. Los técnicos del organismo se enteraron recién ayer -por TV-de los detalles de la oferta que se iba a presentar a la SEC.
• El interrogante pasa por saber qué hará el gobierno a la hora de sentarse a negociar con el organismo: ¿firmará un nuevo acuerdo o intentará reflotar el que hasta ahora está vigente? Hay diferencias sustanciales, ya que, en el primero de los casos, debe sacrificar los u$s 2.100 millones pagados en este segundo semestre del año a organismos, que no serán devueltos. Lo único positivo que tiene esto es que las exigencias de un eventual nuevo acuerdo serían mucho menores en lo referente a la situación de privatizadas y la situación fiscal de provincias.
• De todas maneras, el proceso de negociación dura habitualmente tres semanas, por lo que en marzo recién podría alcanzarse un resultado positivo.
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