El Ministerio de Economía aprobó la adhesión de Toyota Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto “Planta para la producción de vehículos electrificados”, que prevé una inversión total de u$s1.252.926.108 en su complejo industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. La medida se oficializó este jueves a través de la Resolución 1848/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.
El Gobierno aprobó el ingreso de Toyota al RIGI para fabricar una pick up híbrida en Zárate
La automotriz prevé invertir más de u$s1.250 millones en una tercera planta para producir un vehículo con motorización 100% híbrida, sin antecedentes de fabricación en el país. Más de la mitad de la inversión irá a proveedores locales.
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Toyota recibió el aval para incorporarse al RIGI con una iniciativa destinada a producir una pick-up híbrida en su planta bonaerense de Zárate, en el marco del régimen de incentivos para grandes inversiones.
El proyecto consiste en ampliar la capacidad productiva de la planta ubicada sobre la Ruta Nacional 12, km 81, con la construcción y puesta en marcha de una tercera planta de producción destinada a fabricar un nuevo vehículo híbrido eléctrico no enchufable. Según la resolución, en su primera versión será una pick up, con la posibilidad de desarrollar más adelante una versión SUV. En ambos casos tendrá motorización 100% híbrida (full HEV), una tecnología que, de acuerdo con el texto oficial, “actualmente no cuenta con antecedentes de producción local”.
Toyota ingresó al RIGI: invertirá en una nueva planta automotriz en Zárate
La presentación la hizo Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada, la figura que la empresa creó para el proyecto, bajo el procedimiento previsto para la ampliación de un proyecto preexistente no adherido al régimen. Por eso, los beneficios del RIGI se aplicarán solo a la producción de la nueva planta. La firma tuvo que acreditar contabilidad separada de su casa matriz y describir un sistema de monitoreo y trazabilidad que garantice esa separación operativa y financiera.
De acuerdo con el plan presentado, la compañía estima destinar u$s669.584.796 al desarrollo de proveedores locales para obra y equipos, el 53% de la inversión total. Esa proporción supera ampliamente el mínimo del 20% que exige la normativa.
Para los dos primeros años desde la notificación, la empresa se comprometió a invertir u$s19,5 millones en el primero y u$s147,75 millones en el segundo, un total de u$s167,25 millones. Con eso supera el piso del 40% del monto mínimo que fija la Ley 27.742. La fecha límite para completar la inversión mínima comprometida es el 30 de septiembre de 2028.
Durante el análisis intervino el Tribunal de Defensa de la Competencia, que concluyó que la ampliación “no presenta elementos que induzcan a prever una distorsión de la competencia” en el mercado local. En su dictamen señaló que el proyecto incorpora capacidad de producción incremental “con una orientación exportadora del orden del 70%”, sin desplazar a ningún competidor. Agregó que el segmento de pick ups medianas-grandes seguirá siendo un mercado moderadamente concentrado, con dos competidores de escala comparable, en un contexto de renovación tecnológica de las principales marcas y de ingreso de nuevos oferentes.
También se expidieron el Banco Central (BCRA), que no formuló observaciones sobre los aspectos cambiarios, y la Procuración del Tesoro de la Nación, que avaló el mecanismo de resolución de disputas propuesto por la empresa. El Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó la aprobación en su reunión del 30 de septiembre.
La resolución fija el 29 de septiembre de 2026 como fecha de adhesión al régimen, aprueba el listado de bienes de capital e informáticos que la firma podrá importar con franquicia y encomienda a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento el control del cumplimiento. Además, instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el proyecto y aplicar los incentivos tributarios y aduaneros, y al BCRA a aplicar los beneficios cambiarios del régimen.
