"El sistema financiero, al borde del colapso"

«El sistema financiero está al borde del colapso en un tiempo cercano» por el retiro de fondos de plazo fijo por fallos judiciales. La frase pertenece a la nota que elevaron la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) a la Corte Suprema donde le pide que intervenga para paralizar los fallos y de oportunidad a las apelaciones.

Las partes sobresalientes del documento al que Ambito Financiero tuvo acceso son los siguientes:
 
La finalidad del presente es aportar a V.E. nuevos elementos de juicio, que actualizan datos demostrativos de un notorio agravamiento de la crisis del sistema financiero y bancario -con peligro de un inminente colapso-que fuera expuesta en nuestros escritos anteriores.

La necesidad de asumir ese rol institucional resulta potenciada por la magnitud de la crisis que enfrenta la Nación y en la que toca intervenir a V.E., para evitar las consecuencias de un colapso del sistema bancario y financiero, hecho previsible a la luz de los acontecimientos y que no registra antecedentes similares en la historia del país. Ese Alto Tribunal, constituye la última salvaguarda de aquellos intereses, que corresponden a los clientes, a los usuarios y a los ahorristas de nuestros asociados, como a los de la Nación en su conjunto, por encontrarse amenazada la subsistencia de una actividad vital para la República, de evidente interés general, cual es el sistema bancario y financiero.

• Demandas

Nos encontramos en presencia de un número que no está establecido definitivamente pero que se aproxima al de 200.000 acciones judiciales, que cuestionan la constitucionalidad de la normativa del denominado «corralito», y en donde en gran mayoría se requieren medidas «autosatisfactivas», que importan el egreso de fondos del sistema bancario y financiero, pero que resultan un número significativamente menor a los 9 millones de ahorristas que existen en dicho sistema y que no han demandado contra esa normativa.

Si se aprecia la situación de un conjunto de grandes bancos privados, según información recolectada por nuestra representada ABA, que representan 40% de los depósitos del sistema, observamos que se han cumplimentado medidas «autosatisfactivas» en 10.330 causas hasta la segunda se-mana de abril del presente año incluida, que importan la suma de 393 millones de dó-lares estadounidenses. Si dividimos este último valor por ese número de causas se ob-tiene la cifra unitaria de u$s 38.044,53. El valor de conversión de la relación dólares estadounidenses/pesos oscila continuamente, registrándose numerosos pagos a cotizaciones entre u$s 1 = $ 3 a 4. Sin embargo, en un cálculo conservador, adoptando la paridad de u$s 1 = $ 2,5, la cifra mencionada resulta ser $ 982,50 millones, para 5% del total de los referidos 200.000 juicios.
 
Por otra parte, si multiplicamos el valor unitario de medida «autosatisfactiva» dispuesta por causa de u$s 38.044,53, por un estimado de conversión en $ 2,5, se llega a$ 95.111,33, que multi-plicada a su vez por 200.000 juicios (a fin de realizar una proyección), se obtiene la cifra de $ 19.022.266.000. Es decir, el egreso de fondos, de dictarse medidas «autosatisfactivas» en la totalidad de los juicios importarían cerca de $ 20.000 millones a dicho cambio estimado, que ha sido superado a los valores actuales de mercado. Ese monto duplica el total de las disponibilidades en efectivo con que cuenta actualmente el sistema financiero.

Conviene realizar comparaciones, que permiten ilustrar sobre la gravedad de la situación. El monto indicado supera en casi seis veces a la pauta de emisión monetaria de $ 3.500 millones, prevista por el Banco Central para este año. De financiarse la salida de fondos del sistema financiero vía emisión monetaria adicional a la mencionada pauta, se produciría un aumento de 142% en la circulación monetaria. Pero a su vez, esta emisión llevaría a un aumento adicional de los precios de 26% este año, frente a un incremento del IPC de 10% en el primer trimestre (45% anualizada). Esa mayor inflación significará la caída del poder adquisitivo de todos los ahorristas, y un marcado incremento en el valor del dólar con graves consecuencias para toda la economía.
 
Pero como el valor del dólar iría ascendiendo continua-mente, tal como ha venido sucediendo, la masa monetaria que requeriría el cumplimiento de las medidas a su vez ascendería progresivamente, importando seguramente mucho más de los $ 20.000 millones estimados, con la consecuencia de contribuir notoriamente a ocasionar un espiral inflacionario. A estos datos cabe adicionar otros informados por bancos nucleados en Abappra, al 16 de abril de 2002. Ese conjunto de bancos han recibido 4.894 medidas «autosatisfactivas», desglosándose las recibidas en $ 19.402.748,30 y las requeridas en u$s 192.849.236,49. Si prescindimos del importe reclamado en pesos, la sola división de la suma requerida en dólares (y abonados en esa moneda o en pesos convertidos), se obtiene un valor unitario por medida «autosatisfactiva» de u$s 39.405 (redondeando importes), que se aproxima al valor unitario estimado por bancos de ABA.

Según cifras que dispondría el BCRA, que no comprenden la totalidad de las entidades del sistema, al día 16 de abril pasado habrían sido pagadas un total de 18.787 medidas cautelares ordenadas, que representaría 9,37% de los 200.000 juicios, por un monto de $ 2.291 millones. Este último importe superaría las proyecciones y comparaciones que se han realizado con el cálculo de $ 20.000 millones.
 
De continuar la situación descripta se produciría el colapso del sistema financiero. Ello ocurrirá debido a que las entidades financieras no estarán en condiciones de afrontar el movimiento normal que hace a su funcionamiento, ya que verán agotadas sus disponibilidades en efectivo aún cuando puedan tener una situación de solvencia suficiente para responder a sus pasivos.

En tales circunstancias, cabe advertir un cierre masivo de bancos, que deberán ser liquidados por el Banco Central de la República Argentina, produciéndose la afectación del sistema en su conjunto tal como existe hoy en nuestro país. La ocurrencia de ese colapso aparece como un hecho cierto y previsible, en un tiempo cercano, si continúa restándose liquidez a las entidades financieras al ritmo que surge de la cifras expuestas. Las consecuencias de semejante situación serían altamente dañinas, y afectarían no sólo a los 9 millones de ahorristas en general, incluso a muchos de los que han iniciado las acciones judiciales que aparecen directamente involucradas en esta causa, sino a la Nación en su conjunto, pudiendo llegar a generar un estado de desintegración social que derive en una anarquía.