Propuestas para superar la crisis

Decir que la Argentina atraviesa una etapa refundacional se ha convertido en una afirmación tan común que tiende a restarle certidumbre. Sin embargo, la necesidad de repensar la Nación es evidente, a pesar de que este período histórico contiene la particularidad que se exterioriza más por una suma de inviabilidades de aquellas políticas e instituciones convertidas en íconos en las últimas dos décadas, antes que por el debate en torno al esquema general que vuelva posible la resolución de la crisis.

La sociedad se desliza entre un cúmulo de representantes políticos o aspirantes a serlos, que discuten el modo de rearmar lo definitivamente desestructurado y legalizarlo en términos electorales. Es el país más visible, formal, que transcurre entre la mayoría de sus ajadas instituciones y despachos, que trata de construir ingenierías políticas que hagan institucional un ajuste fondomonetarista para atender una deuda cuyo servicios representa 8% del PBI.

Los objetivos de recrear un patrón de acumulación y crecimiento con preeminencia del capital extranjero, en un marco de apertura, desregulación y privatización de los activos restantes, no parecen entusiasmar a vastas capas de la población.

Por último, que el Estado funcione normalmente con media sociedad excluida sin destino y concentrada masivamente en los grandes distritos urbanos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, suena poco creíble a los oídos de cualquier potencial votante. Son entonces nítidas las razones por las cuales la eminencia de unos comicios concita tan baja intensidad de expectativa y competencia electoral.

En este sentido, la llegada de un gobierno que intente reconducir el modelo implantado en los '90, agotado estructuralmente, obliga a trazar una suerte de paralelismo histórico respecto de la década del 70', cuando el retorno de Perón al gobierno supuso el intento de reproducir un modelo de desarrollo industrial de características similares a las de la inmediata posguerra. En síntesis, tal como pareciera plasmarse en los sucesivos borradores de carta de intención con el FMI, un intento de profundizar el camino recorrido en los '90, sólo puede conducir a un deterioro mayor de las instituciones y a distintos tipos de violencia.

Como contrapartida, sin una expresión política definida, circulan en innumerables núcleos intelectuales y académicos, en diversos centros de investigación estatales y privados y también en universidades, propuestas solventes en el plano técnico que intentan abrir el debate sobre lo que el sentido común de la población y el reflejo de países vecinos y lejanos recomiendan para resolver la crisis.

Estas ideas resumen planteos sobre un Estado capaz de regular los mercados, de generar políticas que permitan recuperar el consumo interno y reconstruir un patrón monetario local asentado en el equilibrio del sector externo y fiscal. La estabilización de las cuentas públicas debe basarse en componentes cualitativos distintos de los actuales, como la progresividad tributaria y el aumento exponencial de la eficiencia en el gasto. Y la reintegración social debe sustentarse en cuatro elementos clave: expansión del empleo, salario mínimo, cobertura universal de asalariados y no asalariados y un empresariado nacional como sujeto clave de una política productiva moderna.

•Explicación

Ahora bien, la circulación de propuestas posibles para la sociedad en ámbitos creíbles que no son los de la representación política explica los dramáticos escenarios de bajo entusiasmo electoral presentes en la Argentina. Y también han puesto de moda la interpretación, hacia finales del año último, que «el problema es la política y no la economía».

En efecto, la perceptible, pero también precaria, tendencia a una situación de equilibrio de las variables macroeconómicas que se verifican desde el segundo semestre del año, precisamente ocurre porque no se acuerda con las recetas del FMI.

Se salió de la convertibilidad y se avanzó hacia una economía pesificada, sin ingresar en la hiperinflación como pronosticaban muchos agoreros. Se estableció una brecha competitiva entre el nivel del tipo de cambio y los precios internos que crea un escenario posible para regenerar el tejido productivo. El simultáneo aumento del nivel de reservas y la disminución de la tasa de interés tienen que ver con las políticas de regulación cambiaria y monetaria, que precisamente el FMI cuestiona, del mismo modo que exige un aumento de tarifas de servicios públicos que reduzca la brecha competitiva para la producción y el consumo local antes comentada.

Se advierte, a la vez, como era esperable en una economía en infraconsumo que la mayor liquidez no se dirige a la demanda de divisas sino a la de bienes reales y que también retornan los depósitos a los bancos, bajo la forma de imposiciones en pesos. Claro, que esta recomposición de depósitos no es simétrica: beneficia al sistema de bancos públicos, cuya participación en el mercado creció de 31,9% en diciembre de 2001 a 41,3% en setiembre de 2002. Y es en ese segmento de mercado donde el FMI reclama el mayor ajuste: justamente, en los bancos más confiables poscrisis de la convertibilidad.

Es innegable que el tránsito desde una economía bimonetaria sin oferta de divisas hacia una economía pesificada con equilibrios precarios genera fricciones de consecuencias graves, pero también es cierto que el horizonte que plantea esta última es mucho más favorable para introducir políticas públicas que apunten a superar las consecuencias de la fricción.

Sin embargo, curiosamente, ningún candidato y/o aspirante a representante político lo aborda como una herramienta de partida. Más curiosa aún es la perplejidad del gobierno de transición que percibe que el principal fracaso de sus políticas definidas, que es alcanzar un acuerdo con el FMI, se ha convertido en el factor de estabilización económica de un nuevo escenario, que algunos llaman despectivamente «veranito».