También dudan en Tribunales

Opiniones divididas se registraron anoche en Tribunales sobre la constitucionalidad de la ley que reglamenta la devolución de los depósitos bancarios, pero por lo menos tres jueces en lo Contencioso Administrativo Federal -el fuero que atiende estos casos en la Ciudad de Buenos Aires- anticiparon que rechazarán su aplicación por entender que viola el artículo 43 de la Constitución que garantiza el derecho a la Propiedad. Estos jueces que se niegan a aceptar ser los responsables del colapso bancario, coinciden con opiniones vertidas por el juez de la Corte, Adolfo Vázquez, quien insiste en que se deben resguardar la intangibilidad de los depósitos y el derecho a la propiedad, porque es lo mismo que si alguna disposición administrativa admite el secuestro de un bien material (auto, casa, etc.) y luego le devuelven otro bien en peores condiciones de uso o de valor patrimonial.

Pero los magistrados inferiores fueron más allá al criticar indirectamente a los abogados de los bancos, al sostener que si se produjo la sangría financiera de los depósitos, fue porque esos profesionales no apelaron con la debida rapidez el cumplimiento del amparo acordado en favor de los ahorristas.

Los jueces creen, en general, que la nueva ley plantea la misma situación por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la reforma del artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que admitió el «per saltum» a la Corte sin pasar los cámaras en apelación a la segunda instancia como establece el debido proceso. Una ley no puede afectar un derecho constitucional se alega en los Tribunales. También se objeta que no se puedan embargar fondos cuando se compruebe que se trata de propiedad del Banco Central. Contra ese argumento se antepone que las demandas son contra el Estado nacional y no contra los bancos y por lo tanto es lícito disponer de esos fondos para reintegrárselos a los ahorristas.

Tampoco escapó a sus críticas el asesoramiento del ministro de Justicia, Jorge Reynaldo Vanossi al presidente Eduardo Duhalde. Esos jueces entienden que disponer que primero se informe al Banco Central y después se acceda al mandato judicial podría caer en la misma calificación que al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo le costó varias denuncias penales.