Ahora arranca road show por juzgados y causas explosivas

Christian Ritondo y Jorge Di Lello

 La captura de los prófugos del triple crimen habilita desde ayer un complejo panorama judicial que estos deberán afrontar. Su situación es comprometida por pesquisas de jueces y fiscales de distintas jurisdicciones que pretenden imputarles una batería de delitos como resultado de la estrambótica cacería que encontró su fin ayer en una localidad santafesina.

La causa por la fuga está en poder del fiscal de Azul Cristian Citterio y ya fueron detenidas varias personas acusadas de facilitar el escape de los prófugos. Están presos Marcelo "El Faraón" Melnyk; el jefe de seguridad de la cárcel de Alvear, Cesar Luis Tolosa; y Franco Schillaci, hermano de Víctor que está acusado de facilitarles armas y dinero a los reos.

Más aspero es el caso que se inició en Coronel Brandsen a cargo del fiscal Mariano Sibuet por la balacera que recibieron la madrugada del 31 de diciembre los oficiales bonaerenses Angelina Yudati y Fernando Pengsawath cuando en un control vehicular le ordenaron al conductor de la camioneta Ford Ranger que se detenga.

El fiscal les imputará a los prófugos el delito de doble homicidio en grado de tentativa y en esa causa fueron detenidas dos personas en Chascomús acusadas de adulterar la camioneta que utilizaban los prófugos.

Luego en Santa Fe se espera que se sortee qué fiscal estará a cargo de la investigación del secuestro a un empresario agrónomo en cuyo departamento se escondieron los condenados.

La causa de mayor voltaje político es la que tramita en Comodoro Py y que tiene por objetivo determinar si los Lanatta y Schillaci contaron con apoyo del narcotráfico para mantenerse prófugos. Tiene vinculación directa con el expediente que instruye María Servini de Cubría por

la mafia de la efedrina, causa en la cual Martín Lanatta debe declarar como testigo. En ese expediente ya

se encuentran procesados los hermanos Zacarias que fueron funcionarios durante la administración kirchnerista.

Lanatta apareció el año pasado en esa causa tras vincular al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y el crimen de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, las víctimas de General Rodríguez.

El nuevo expediente en Comodoro Py lo llevan el juez federal Sergio Torres y los fiscales Jorge Di Lello y Diego Igleias, este último a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y que se inició a partir de una presentación del Ministerio de Seguridad.

Este caso será seguido de cerca por los interoluctores del macrismo en el fuero federal, mientras que la maraña de causas provinciales, que encierran penas notables, será supervisada por Cristián Ritondo. Del caso investigado por Di Lello partió el allanamiento en San Carlos donde dieron con los prófugos y en el que se secuestraron la camioneta con la que se movilizaban y dos ceulares que los acusados usaron durante su fuga y que se está analizando para conocer los contactos que mantuvieron.