Demoran apelación contra cautelar que cubre vacantes en la Corte

Carlos Rozenkrantz, Horacio Rosatti y Germán Garavano

Anoche a última hora el Gobierno todavía no había apelado la medida cautelar ordenada por el juez federal Alejo Ramos Padilla en la cual entendió como inconstitucional el decreto que nominó a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Hoy los tribunales permanecen inactivos por asueto con lo cual ahora la definición pasa al lunes próximo. Este vacío es entendible porque todavía hay quienes en el entorno presidencial preferirían la vía del Per Saltum para llevar la discusión por el decreto directamente hasta la propia Corte.

La intención del ministro Germán Garavano es la de apelar la decisión de Ramos Padilla. Si así fuera la alzada es en la Cámara Federal de Mar del Plata. La última reforma a la ley de medidas cautelares (impulsada por el kirchnerismo) estableció que antes de emitir una medida cautelar contra el Estado el juez debe requerir un informe al mismo. Sin embargo, el modus operandi habitual suele ser que el informe directamente ni se requiere. No fue éste el caso del juez que integra la liga Justicia Legítima: Ramos Padilla pidió un informe y recibió como respuesta la urgencia del Gobierno para completar la máxima instancia del Poder Judicial. Luego emitió la cautelar y ordenó a la Corte que ni Rosatti ni Rosenkrantz presten juramento.

La vía de la moderación que domina la cartera de Justicia no llega a otros ámbitos donde prima la audacia. Así lo pudieron escuchar en las últimas horas los nuevos directores de YPF que comparten sala de reuniones con Fabián Rodríguez Simon, asesor presidencial e ideólogo de la cobertura de vacantes de la Corte por decreto. Este funcionario no termina de estar convencido respecto a una apelación por vía formal y preferiría acelerar los tiempos con una apelación directa en la Corte.

Esta osadía encierra inconvenientes porque ninguno de los tres ministros están demasiado convencidos de la modalidad elegida. De hecho los cuatro fallos señeros del máximo tribunal sobre nombramientos de jueces son absolutamente contrarios a las designaciones por decreto y reclaman, en cambio, enfatizar los controles de constitucionalidad.

El oficialismo teme que las medidas cautelares provenientes de cualquier punto del país (esto es posible por un fallo de la Corte de abril de este año) terminen afectando la gestión del Gobierno. De hecho, ya se realizaron presentaciones judiciales referidas a los últimos movimientos en el área de telecomunicaciones. Blindar los decretos aparece en el horizonte como una cuestión cada vez más determinante.