Logra Dilma echar (poca) luz sobre represión ilegal

Dilma Rousseff

Luego de un intenso debate en el Congreso, la Cámara de Diputados de Brasil dio el visto bueno a la creación de la Comisión de la Verdad, que se encargará de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1964-1985) y años anteriores. La normativa, que ahora espera el aval del Senado y es apenas una arista de la propuesta presentada en 2009 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contó con el apoyo de la oposición e incluso de las Fuerzas Armadas.

A diferencia de la Argentina, e incluso de países como Uruguay y Chile, que, con dificultades no saldadas, han dado pasos para juzgar al terror de Estado, Brasil prácticamente no ha avanzado nada en la materia. Hasta ayer, los intentos por desentrañar lo ocurrido habían sido insuficientes. Fue recién en 2002, con la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al poder, cuando comenzaron a gestarse iniciativas contra la Ley de Amnistía instalada en 1979 por el entonces régimen de João Baptista Figueiredo.

Retorno

Esa normativa, que despierta tantos respaldos como críticas, permitió liberar a presos políticos y abrió la puerta al retorno de muchos exiliados. Pero al mismo tiempo, eximió a muchos militares que nunca respondieron por sus abusos.

La Comisión de la Verdad respaldada por el Gobierno de Dilma Rousseff no pretende pasar por alto la Amnistía, aunque sí «esclarecer todos los hechos de aquel período» para «hacer justicia a la historia», según las propias palabras de la mandataria.

Negociaciones

De acuerdo con las crónicas de los medios locales, la sesión del miércoles a la noche fue «fervorosa y tensa». A último momento hubo negociaciones con importantes uniformados y dirigentes de las bancas opositoras. El texto no fue aprobado hasta que Rousseff, en Nueva York, fue consultada sobre ciertas garantías y algunos puntos clave (ver recuadro). Al finalizar la votación, muchos legisladores aplaudieron de pie.

En el texto se afirma que la Comisión de la Verdad tendrá un plazo de dos años para elaborar un informe sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1948 y 1986, y transmitir al Estado cualquier información que pueda ayudar a ubicar e identificar los restos mortales de desaparecidos políticos, estimados en 500.

Desde su presentación el texto había despertado el rechazo de sectores más conservadores de la oposición y del propio Ejército. Tanto es así, que a días de la asunción de Dilma el 1 de enero de este año, toda la cúpula militar amenazó con renunciar. La presión quedó plasmada en el documento final.

«Este proyecto es más limitado que el presentado por Lula; no tiene poder para juzgar. Se llegó a un consenso para evitar la confrontación. Eso es lo que viene haciendo el PT desde que llegó al poder; es la herencia de Lula», afirmó a Ámbito Financiero Vladimir Safatle, profesor del departamento de Filosofía de la Universidad de San Pablo.

«Lo que debería ser motivo de celebración para aquellos realmente preocupados con el legado de la dictadura militar, en realidad será un profundo sentimiento de vergüenza», continuó crítico. «Es imposible que sólo siete personas puedan recaudar información de tantos años. El Ejército impuso que se investigue ese lapso para evitar que realmente se haga hincapié en la dictadura», explicó.

«El Gobierno estaba presionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que denunció la situación aberrante de Brasil en cuanto a la investigación de crímenes de tortura, secuestro, asesinato por parte del Estado; el Gobierno tenía que demostrar que estaba haciendo algo», indicó.

Conformismo

A priori parecería que todas las fuerzas quedaron conformes con la nueva Comisión de la Verdad. Pero más adelante podría traerle problemas al propio PT. «Está claro que el ala más izquierdista del Partido de los Trabajadores está disconforme con que el proyecto sea tan pobre; esperaban otra resolución, aunque aún es muy pronto para hablar de problemas internos», indicó Paulo Silva, analista político y profesor de la Universidad Católica de San Pablo. «Creo que el pasado guerrillero de la presidenta podría haber despertado miedos de revanchismo entre el Ejército, de ahí que tal vez no se haya insistido tanto con la fórmula inicial. Precisamente ella había intentado alejarse de su historia durante la campaña presidencial, dudo que quiera ahora sacarlo a la luz para defender la Comisión», indicó.

Por lo pronto, Expedito Solaney, dirigente de la Central Única de Trabajadores, cercana al PT, adelantó: «Presionaremos para que haya cambios progresistas» en el proyecto. Iguales fueron las palabras de los grupos Torturas Nunca Más y Familiares de Muertos y Desaparecidos durante la Dictadura. Éste sería sólo el primer paso.