Medios: jueces bajo pesquisa

Una causa iniciada por el Gobierno contra miembros del Consejo de la Magistratura por supuestas irregularidades en el nombramiento de jueces subrogantes continuará en trámite, luego de que la Cámara Federal rechazara los pedidos de clausurarla por aparente inexistencia de un delito. El expediente gira en torno de la cobertura de vacantes en el fuero Civil y Comercial federal, entre ellas la del Juzgado 1, en el que tramitó en un principio la demanda del Grupo Clarín contra la ley de medios.

La Sala II del tribunal, con el voto de dos de sus tres miembros, rechazó los planteos de "excepción de falta de acción" (es decir, de archivar la causa por entender que no hubo delito) presentados por los consejeros Ricardo Recondo (juez), Oscar Aguad (diputado), Mario Cimadevilla (senador), Daniel Ostropolsky (abogado) y por el camarista Martín Farrel. La denuncia fue presentada en octubre pasado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona.

Los camaristas Eduardo Farah y Horacio Cattani coincidieron con el juez federal Luis Rodríguez en que existen elementos para dilucidar si los imputados cometieron algún delito, tanto durante el proceso de cobertura de la vacante a través de una subrogancia como finalmente quedó establecido- como en la tramitación del concurso ante el Consejo de la Magistratura que debía nombrar a los jueces definitivos en esos cargos y que no llegó a cumplirse. En su voto en minoría, Martín Irurzun disintió con sus colegas y se pronunció a favor de sobreseer a los acusados.

La causa arrancó cuando Farrel y Recondo, presidente y vice respectivamente del Tribunal de Superintendencia de la Cámara en lo Civil y Comercial, apelaron a un sorteo interno para cubrir mediante subrogancias los cargos faltantes en el fuero que debía resolver la demanda iniciada por Clarín. Tras quejas y tironeos entre el Gobierno y los magistrados, la causa recayó en el juez Horacio Alfonso, que interpretó que la ley de Medios es constitucional y debía aplicarse en todos sus artículos.

En abril pasado, la Cámara del fuero declaró inconstitucional la limitación para el número de señales de televisión por cable por parte de un mismo operador, lo que fue apelado ante la Corte Suprema por el Gobierno. El máximo tribunal deberá expedirse en los próximos días en un fallo considerado crucial por el Ejecutivo en su disputa con el monopolio.