Ramón Granero, exsecretario de Lucha contra el Narcotráfico y su segundo, Gabriel Abboud.
Uno de los más escandalosos procesos que involucra a exfuncionarios de la administración kirchnerista con el tráfico de efedrina, ocurrido en la Argentina entre 2004 y 2008, está a punto de dar un vuelco que podría garantizar la impunidad de los procesados que ostentaban responsabilidades políticas en el momento de producirse las maniobras delictivas.
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La Sala I de la Cámara Federal dispuso la anulación del requerimiento fiscal de elevación a juicio a Ramón Granero, quien fue secretario de Lucha contra el Narcotráfico; su segundo Gabriel Abboud; y el exdirector del Registro Nacional de Precursores Químicos Julio de Orué, con lo que puso en duda el futuro de la causa judicial y circunscribió el posible paso por los estrados tribunalicios a tres outsiders del poder político: el prestamista Esteban Ibar Pérez Corradi y los hermanos Máximo y Miguel Ángel Zacarías, de estrechos vínculos con el matrimonio Kirchner.
El tribunal determinó que el fiscal Juan Pedro Zoni "omitió detallar la participación específica de los funcionarios públicos en cada uno de los hechos ilícitos comprobados". Y especificó que el requerimiento debe establecer "una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos con respecto a cada imputado".
La jugada no puede desligarse del apartamiento de la causa de la jueza María Romilda Servini, quien denunció un "hostigamiento pocas veces visto" por parte de la defensa de Abboud, razón por la cual debió asumir al frente del proceso su colega Sergio Torres. El nuevo magistrado podría elevar a juicio a los mencionados Pérez Corradi y Zacarías, mientras aguarda lo que ocurra con los exfuncionarios. La Cámara confirmó la competencia de Torres al frente del expediente, a pesar de que éste inicialmente la había rechazado. "Los argumentos vertidos por la Dra. Servini lucen atendibles y exponen motivos suficientes y valederos que aconsejan su apartamiento en procura de aventar cualquier sospecha de parcialidad", argumentaron Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.
Allegados a la investigación que aportaron material suficiente para avanzar en el procesamiento de Granero y Abboud calificaron la decisión judicial como "un disparate", ya que "una Cámara no puede decretar la nulidad parcial en relación con la participación de los funcionarios, porque, por regla, es autónoma; y la nulidad es la excepción". Para los consultados "en un proceso que lleva nueve años, en el que los imputados vieron las pruebas con las que se sostienen las acusaciones, se defendieron, fueron indagados y procesados, no puede la Cámara decir que es parcial de nulidad". Fuentes de la investigación deslizaron a Ámbito Financiero que detrás de esta resolución podría estar la mano de "sectores de la inteligencia vinculados a la Embajada norteamericana", con quien Abboud siempre tuvo fluidos contactos.
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