Mural: Cultura perdió litigio por no aportar seguros mínimos

E l martes, el presidente Néstor Kirchner declaró como Bien de Interés Histórico Artístico Nacional «Ejercicio Plástico», el mural que pintó en 1933 David Alfaro Siqueiros en el sótano de la quinta de Natalio Botana y que desde hace más de una década permanece encerrado en cuatro containers, trabado por un viejo litigio.

Sin embargo, resulta improbable que ahora puedan trasladar la obra al palacio del Correo, como sostienen funcionarios de la Secretaría de Cultura de la Nación. Lo que no se ha dicho es que el Estado, al no aportar los seguros mínimos necesarios, acaba de perder otro litigio judicial, el que hace más de un año inició la Secretaría de Cultura contra la empresa propietaria del mural, Dencanor, y que tenía como fin «trasladar, armar, restaurar y exhibir la obra» en un sitio más propicio que la playa de grúas de San Justo donde hoy se encuentra.

Por lo tanto, por el momento se perdió también la posibilidad de ordenar su traslado o reclamar, al menos por vía judicial, la conservación de la obra. La intención del Estado, como dijo el jefe de Gabinete Alberto Fernández durante la firma del decreto, es que el mural sea patrimonio de los argentinos, pero las posibilidades actuales son negociar con la propietaria o expropiarlo.

De todos modos, la declaración por decreto no deja de ser una buena noticia, dado que al limitar los derechos del propietario sobre una obra de arte capital para la vanguardia latinoamericana, impide venderla en el exterior y, se supone, debería facilitar (a sus dueños, también en juicio), los trámites para preservarla de los riesgos de deterioro.

El propósito del secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, como el de su antecesor, Rubén Stella, quien inició el litigio, es el prestigio de sacar a luz un mural que nunca fue expuesto y se ha convertido en un mito. Afán compartido por innumerables funcionarios desde que este diario alertó sobre la importancia del fresco y las condiciones lamentables que padece. Pero las gestiones no han sido eficaces.

Parecía un problema sencillo cuando, en febrero de este año, Stella acudió a la justicia para pedir el traslado de la obra al Correo y el juez sólo le impuso una condición: que la Secretaría de Cultura contratara previamente un seguro. Sin embargo, varios testigos que asistieron esa audiencia coinciden al afirmar que tal exigencia irritó a Stella, quien «se mostró iracundo y tuvo una actitud poco respetuosa con el juez», según uno de esos testigos, gesto que algunos atribuyeron a su temperamento de actor.

El último 6 de mayo la justicia rechazó la póliza de 1,7 millón de dólares que acompañó la Secretaría de Cultura a la causa, que no incluía «siniestros por robo e incendio parcial de los containers» y tampoco contemplaba la figura de «hurto». Con el cambio de gobierno el tema del seguro cayó por un tiempo en el olvido. Ya había asumido Di Tella cuando el juzgado consultó a la Secretaría de Cultura si deseaba continuar el juicio.


Como la respuesta fue positiva, el 23 de setiembre el poder judicial intimó nuevamente a Cultura a cumplir con el trámite del seguro en el término de 15 días.

Di Tella solicitó que se ampliara el plazo, pero el juzgado rechazó el pedido. «Pese a la urgencia manifestada respecto al mural -argumenta el escritol o cierto es que ha transcurrido casi un año sin que la Secretaría haya cumplimentado la contratación de aseguramientos que le habían sido impuestos». Y en el párrafo final notifica que si no se presentan las pólizas se procederá «al archivo de este proceso».

La reacción de los funcionarios de Cultura fue rápida. El decreto del martes confirmó el «interés» por el bien histórico artístico que en los hechos no se supo -o no se pudo- expresar, y se disimuló pudorosamente la historia del litigio.

La abogada de Dencanor, Mirta Barruti, señaló que la empresa que representa piensa llevar adelante el proyecto gestado en 1989, cuando se decidió retirar el mural y fragmentarlo para volver a armarlo como un mecano y llevarlo de gira por el mundo.

El flamante decreto inhibe la salida del país, pero Barruti explica que la declaración no prohíbe la exportación temporaria de la obra, siempre y cuando la Secretaría de Cultura lo autorice. «Una vez restaurada puede ser expuesta en la Argentina y en el exterior», agrega. Cuenta además que los propietarios ya tienen importantes ofertas para una exhibición itinerante en el exterior, y añade: «Si se negaran a autorizar la exportación temporaria, sería un problema político, el Estado debería justificar porqué lo hace». Entretanto, en la Secretaría de Cultura la palabra «expropiación» circula como un rumor.