El CIN cruzó al Gobierno por el financiamiento universitario: "Descalificar no exime de cumplir la ley"

El Consejo Interuniversitario Nacional rechazó las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y reclamó que se cumpla la ley. También pidió una recomposición salarial y un presupuesto suficiente para 2027.

El CIN cruzó al Gobierno a través de un comunicado.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechazó este miércoles las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien calificó como un “acuerdo de casta” la posición de las autoridades universitarias en defensa del financiamiento de la educación pública. El organismo cuestionó la descalificación y reclamó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial.

A través de un comunicado, el CIN sostuvo que la coincidencia entre universidades de distintas provincias y orientaciones responde a un consenso democrático en defensa del derecho a la educación superior y de las capacidades científicas, profesionales y culturales del país. Además, consideró que presentar ese acuerdo como una maniobra política busca deslegitimar a las instituciones para evitar responder a sus argumentos.

“El financiamiento es una condición del derecho a estudiar”, remarcó el organismo, que advirtió que la calidad educativa requiere tanto cambios académicos como recursos adecuados para sostener las clases, las becas, las bibliotecas, los laboratorios y las condiciones de trabajo de docentes y no docentes.

El presupuesto universitario para 2027 y el reclamo del CIN

En el documento, el Consejo recordó que presentó una propuesta presupuestaria de $11 billones para 2027, aprobada durante su plenario en Río Negro. En ese sentido, reclamó que la discusión sobre los fondos destinados a las universidades se base en información verificable y contemple el poder adquisitivo de las partidas, su ejecución efectiva, la evolución salarial, la matrícula y los costos de funcionamiento.

El organismo también cuestionó el argumento oficial de que las universidades aumentaron su participación dentro del presupuesto nacional. Según planteó, una proporción puede crecer porque disminuye el total sobre el que se calcula, por lo que ese indicador no demuestra, por sí solo, que los recursos sean suficientes ni que se haya recuperado la capacidad de funcionamiento del sistema.

El Consejo Interuniversitario Nacional rechazó las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y reclamó que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Para el CIN, la comparación entre porcentajes aislados no permite determinar cuántas clases, becas, prácticas profesionales o investigaciones pueden sostenerse con los fondos disponibles. Por eso, pidió evaluar de manera conjunta las partidas presupuestarias, las transferencias y las necesidades de las instituciones.

La respuesta a las críticas sobre la duración de las carreras

El CIN cuestionó que se utilice el egreso dentro del tiempo teórico de las carreras como medida concluyente del desempeño académico. “Quienes completan sus estudios después del plazo previsto también se gradúan. Demorar una trayectoria no equivale a abandonarla”, señaló. Además, pidió que las comparaciones entre universidades públicas y privadas contemplen factores como el trabajo remunerado, las responsabilidades de cuidado y la formación previa de los estudiantes.

También rechazó que el aumento de la planta docente demuestre por sí solo ineficiencia y sostuvo que debe analizarse en relación con la matrícula, las nuevas carreras y las tareas de investigación y extensión. Si bien reconoció la necesidad de mejorar la graduación, advirtió que las dificultades estudiantiles no deben justificar políticas que profundicen los obstáculos.

Transparencia y controles sobre los fondos universitarios

El Consejo afirmó que las universidades rinden cuentas sobre los recursos que administran y están sujetas a los controles legales. A su vez, reclamó que el Gobierno informe qué fondos presupuesta, cuáles transfiere y qué obligaciones mantiene pendientes.

Además, propuso crear una instancia pública de seguimiento del financiamiento universitario, con información comparable sobre partidas, transferencias y ejecución. “La sospecha generalizada no constituye una auditoría”, advirtió, y pidió que las denuncias por irregularidades se respalden con pruebas y se tramiten por las vías institucionales.

El CIN recordó que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto presidencial, además de mencionar las decisiones judiciales favorables al reclamo. Sostuvo que el Gobierno debe cumplir las obligaciones legales y reclamó un presupuesto suficiente y previsible, la recomposición salarial y el fortalecimiento de las políticas de bienestar estudiantil.

También cuestionó la gestión de Carlos Torrendell por la falta de respuestas y de diálogo con las autoridades universitarias. En paralelo, solicitó a la Comisión de Presupuesto del Congreso que permita la participación de representantes del Consejo y de la comunidad universitaria antes de emitir dictamen, para garantizar el derecho a réplica frente a las declaraciones realizadas durante el debate parlamentario.

“El cumplimiento del financiamiento no puede quedar condicionado a la adhesión de las universidades a las preferencias del Gobierno”, sostuvo el organismo, que convocó a una discusión pública sobre calidad educativa, inclusión, transparencia y desarrollo nacional.