El gobierno provincial avanza con el recupero de los costos generados por cada intervención. La mayoría de los señalados son menores de edad, por lo que deberán responder sus familias.
Santa Fe registró más de 400 denuncias por falsas amenazas a escuelas desde el inicio del año.
El gobierno de Santa Fe avanza con el cobro de los costos operativos generados por falsas amenazas a establecimientos educativos y ya identificó a 73 responsables en distintos puntos de la provincia. La medida se aplicará contra los adultos a cargo en los casos en los que los involucrados sean menores de edad.
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Según datos difundidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde el inicio del año se registraron 404 denuncias por amenazas a escuelas. La Fiscalía Regional Nº 2 concentró la mayor cantidad de casos, con 238, seguida por la Regional Nº 1, con 75; la Nº 5, con 35; la Nº 3, con 33; y la Nº 4, con 23.
En paralelo, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en las que se secuestraron 51 elementos, entre ellos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido, cartuchos de escopeta y proyectiles calibre 22.
La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, explicó que la administración de Maximiliano Pullaro resolvió avanzar con el recupero económico de cada operativo. “No es broma, es un delito”, advirtió. Según precisó, cada despliegue puede implicar un costo de entre $5 millones y $6 millones, por la intervención de policías, bomberos y equipos de emergencia.
“Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder”, sostuvo Coudannes, quien remarcó que la provincia mantendrá las políticas educativas, de salud mental y seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje.
La distribución de los responsables identificados ubica nuevamente a la Fiscalía Regional Nº 2 al frente, con 23 personas señaladas. Luego aparecen la Regional Nº 3, con 17; la Nº 1, con 15; la Nº 5, con 14; y la Nº 4, con 4.
El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, también remarcó que las falsas amenazas no pueden ser tratadas como una broma y advirtió que, una vez comprobada la responsabilidad, los involucrados o sus familias deberán afrontar los gastos generados por los procedimientos.
Además, las autoridades señalaron que estos antecedentes pueden derivar en otras consecuencias administrativas, como trabas para gestionar permisos de viaje o certificados, al quedar registrados en la Justicia.
El aumento de casos se dio en un contexto de viralización de mensajes y aparición de carteles en baños escolares. La semana pasada, incluso, se reportó un pico de 65 denuncias en un solo día. Desde la provincia aseguraron que continuarán con la investigación y el monitoreo permanente para identificar a todos los responsables y evitar la reiteración de este tipo de hechos.
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