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15 de octubre 2026 - 21:37

Santa Fe realizará la mayor subasta de bienes incautados al delito: rematará 224 lotes que incluyen autos, motos, lanchas y más

La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos embarcaciones, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. Los precios base parten de entre el 30% y el 50% del valor de mercado y se prevé recaudar hasta $800 millones.

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Santa Fe realizará la mayor subasta de bienes incautados al delito: rematará 224 lotes que incluyen autos, motos, lanchas y más.

El Gobierno de Santa Fe realizará este viernes la sexta subasta de bienes incautados al delito, en un remate que marcará un récord desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La jornada tendrá lugar en la Estación Belgrano de la capital provincial y contará con 224 lotes y 8.796 personas inscriptas de todo el país.

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La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. Los precios base se fijaron entre el 30% y el 50% del valor de mercado, con el objetivo de facilitar la participación de los interesados.

La exhibición de los bienes se realizará de 8.30 a 13 en la Estación Belgrano. Las acreditaciones comenzarán a las 14.30 y el remate está previsto para las 16.20. Según las proyecciones del Gobierno provincial, la subasta podría recaudar entre $700 millones y $800 millones.

La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos embarcaciones, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. Los precios base parten de entre el 30% y el 50% del valor de mercado y se prevé recaudar hasta $800 millones.

En qué se utilizará lo recaudado

Los fondos se destinarán a la asistencia de víctimas del delito y al financiamiento de programas sociales vinculados con la educación, la salud mental y las adicciones. Además, parte de lo recaudado se utilizará para cubrir el mantenimiento de la propia Aprad, que no recibe fondos provenientes de impuestos.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, defendió la continuidad de la iniciativa y destacó el crecimiento de la política de recupero de bienes. “Esta política de Estado que impulsamos en Santa Fe, que parece de sentido común: quitarles los bienes a los delincuentes y venderlos, y que no se lleva adelante en otras provincias, cada mes y cada año toma más impulso”, sostuvo.

El funcionario también explicó que la diversidad de los lotes refleja las diferencias económicas entre las personas involucradas en delitos, desde quienes poseen bienes de alto valor hasta quienes utilizan motocicletas para cometer robos. En ese sentido, remarcó que los precios de base se establecen entre el 30% y el 50% del valor de mercado.

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El director provincial de la Aprad, Martín Domene, explicó que antes de habilitar a los participantes se realiza un cruce de datos para verificar que no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que pertenecían los bienes decomisados. El procedimiento también permite detectar a personas con pedidos de captura. Según precisó, habitualmente se excluye a entre 80 y 100 inscriptos.

En cuanto a las condiciones de pago, se aceptarán transferencias bancarias y efectivo. Los compradores deberán abonar una seña del 10% del monto ofertado y, una vez aprobado el lote, completar el 90% restante, además de pagar una comisión del 10% correspondiente al martillero.

De dónde son los inscriptos

La convocatoria reunió a interesados de todas las provincias argentinas. Santa Fe concentra la mayor cantidad, con 7.139 inscriptos, seguida por Entre Ríos, con 565, y Buenos Aires, con 519. También se anotaron 214 personas de Córdoba y 79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El resto de los participantes se distribuye entre las demás jurisdicciones del país, con inscriptos en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria nacional consolida el alcance de una política que busca transformar los bienes decomisados a organizaciones delictivas en recursos para la asistencia social y la reparación de las consecuencias del delito.

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