Santa Fe realizará una nueva subasta de bienes incautados al crimen: espera recaudar hasta $800 millones

Las jornadas se desarrollarán entre el 15 y el 16 de octubre en la capital provincial. Habrá 224 lotes, incluyendo autos, motos, máquinas arcade y hasta un inmueble.

Santa Fe prepara la sexta subasta de bienes incautados al crimen.

Santa Fe realizará este mes un nuevo remate de bienes incautados al delito que incluirá un inventario de 224 lotes, entre motos, lanchas, bicicletas, autos y hasta un inmueble. Se tratará del sexto procedimiento de este tipo que se realiza en la provincia desde la asunción de Maximiliano Pullaro, ocurrida en 2023.

Las jornadas se desarrollarán los días 15 y 16 de octubre en la Estación Belgrano, de la capital santafesina. Son organizadas por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD)

La inscripción para participar, que es obligatoria, cierra el 8 de octubre. Hasta el momento, 4.500 personas se anotaron para participar. Las cinco ediciones anteriores lograron recaudar $5.000 millones. Para esta ocasión, la Casa Gris espera un monto de entre $700 y $800 millones.

Qué bienes subastará Santa Fe

La sexta subasta de bienes recuperados del delito tendrá un total de 224 lotes compuestos por: 91 motos, 80 vehículos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar.

Los lotes serán exhibidos en Estación Belgrano el jueves 15 de octubre en el horario de 9 a 16; también el viernes 16 de 8.30 a 13; mientras que a partir de las 16 de ese mismo día comenzará la subasta, donde el máximo de lotes a adquirir por persona es un total de 5.

Las bases de los lotes se fijan entre un 30% y un 50% por debajo del precio de mercado, constituyendo un incentivo para la puja pública.

En tanto, el momento del remate se abona una seña/comisión obligatoria y el saldo final se completa mediante transferencia dentro del plazo administrativo fijado por la agencia antes de la entrega de la documentación registral.

Santa Fe fue pionera al crear un organismo público centralizado (APRAD) dedicado específicamente al remate de activos decomisados y a la re-matriculación registral previa de vehículos para garantizar la seguridad del comprador.

Lo obtenido en los remates no ingresa a rentas generales de manera indistinta; la Ley 13.579 establece afectaciones específicas. Financiamiento de proyectos y políticas asistenciales, centros de prevención y tratamiento de consumos problemáticos, salud mental y fortalecimiento de escuelas públicas.

Las subastas forman parte de una estrategia más amplia de Santa Fe contra el crimen organizado: no limitarse a detener sicarios o secuestrar droga, sino identificar el dinero, los bienes y las estructuras financieras de las bandas.

La provincia incorporó la investigación patrimonial como parte de la inteligencia criminal, con organismos dedicados a detectar economías criminales, delitos económicos y lavado de activos. La premisa es que la prisión no debe ser el único costo para un integrante de una organización criminal: también hay que quitarle su patrimonio.

Hasta el momento, Santa Fe recaudó $5.000 millones en las anteriores cinco subastas.

La iniciativa pone especial énfasis en abogados y contadores que, según los casos investigados, dejan de prestar un servicio profesional legítimo y pasan a colaborar concretamente con las organizaciones criminales: administrar bienes ilícitos, transmitir órdenes, ocultar beneficiarios, utilizar sociedades o lavar dinero.

En ese marco, se destaca el caso del abogado Iván Carlos Méndez. En abril de 2026 el juez federal de Garantías de Rosario homologó un acuerdo pleno y condenó al abogado Iván Carlos Méndez a seis años de prisión, multa e inhabilitación especial por ocho años para ejercer la abogacía.

Entre los delitos reconocidos se encuentran asociación ilícita, encubrimiento agravado y lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda.

Al respecto, el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, sostuvo: "No alcanza solamente con encontrar e incautar estupefacientes, derribar bunkers, detener a ‘soldaditos’ u ordenar las calles".

"Son acciones muy importantes sin duda, pero, además, hay que seguir la trazabilidad del dinero que genera ese negocio ilícito, identificar quiénes son los facilitadores de movilizarlo y convertirlos en bienes aparentemente legales”, señaló.

Y concluyó: “Hay que encontrar al que administra todo ese volumen de dinero con el que se compra el arma, se paga el auto y se sostienen las bandas narco criminales”.