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27 de noviembre 2006 - 00:00

Define el gobierno a jefe de Magistratura

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Cristina Kirchner
El kirchnerismo aguardará el resultado de la elección de autoridades en la Asociación de Magistrados para definir su estrategia de desembarco en el consejo de jueces. El resultado de esa interna, prácticamente, definirá la presidencia del organismo encargado de la selección de los futuros jueces.

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En los comicios de mañana se enfrentarán las listas que representan a los dos jueces que hoy aparecen con más posibilidades de quedarse con la conducción del reformado consejo. Se trata de juez del tribunal oral Luis María Cabral y del camarista Luis María Bunge Campos. Este último, hermanastro del canciller Jorge Taiana, por lo que en los pasillos de Tribunales no descartan que el oficialismo intente hacer pesar esa relación para posicionarlo como titular del Consejo.

Además, desde la Casa Rosada están dispuestos a hacerle pagar a Cabral la afrenta del jueves pasado, cuando el magistrado estuvo a punto de arrebatarle al bloque político cargos clave de esa estructura del Poder Judicial. Esa maniobra dejó mal parado al jefe de la bancada peronista Miguel Pichetto, quien había ordenado a sus partidarios abstenerse de ir a la primera reunión del debutante consejo de jueces.

La excusa para no asistir fue la sesión del Presupuesto en el Congreso. Pero en la intimidad tanto senadores como diputados del kirchnerismo reconocen que el oficialismo no había llegado a un acuerdo para ungir a Cabral como presidente de la Magistratura. Sucede que el juez se resiste a entregar dos cargos importantes: la Secretaría General y la Administración General de la Magistratura. Esos puestos son reclamados por el hiperkirchnerista Carlos Kunkel.

El reglamento del Consejo dice que esos dos puestos son ejercidos por funcionarios de carrera, y para removerlos debe haber una causa fundada a través de un sumario. Sin embargo, el oficialismo sostiene que tienen derecho a diseñar un esquema de cambio en el Consejo de la Magistratura. Hoy la administradora del Poder Judicial es Cristina Akmentis y el secretario general es Pablo Hirschmann.

«No es que sean malos funcionarios, pero responden a un modelo político que a nosotros no nos interesa conservar. Por ejemplo, a Hirschmann lo designó Julio Nazareno», se confesó un legislador.

Y aportan un dato no tenido en cuenta: la nueva ley que reformó el Consejo dice que se puede remover a funcionarios de este calibre por el voto mayoritario del plenario. En rigor, el duro tironeo entre políticos y jueces tiene un número: 1.500 millones de pesos anuales. Cómo se administran y cómo se distribuyen esos fondos constituye el epicentro del enfrentamiento.

Según ese parlamentario, Cabral «era el candidato» natural para ocupar la presidencia del Consejo, pero después de lo sucedido el jueves no saben lo que harán. Hasta Cristina Kirchner había dado el consentimiento para que el penalista alcanzara la conducción de la magistratura. Pero ahora cayó en desgracia y el gobierno está dispuesto a demostrar quién manda.

«El juez Cabral cometió un error político y fue el más torpe de su carrera», señaló un senador que había promocionado al magistrado ante sus jefes políticos.

  • Candidatos

    La designación ahora podría recaer en cualquiera de los dos jueces. Y como alternativa ya se piensa en el abogado Pablo Mosca, aunque anoche se evaluaba la posibilidad de darle un voto de confianza por un año al académico Marcelo Candioti, presidente provisional del Consejo luego del frustrado plenario del jueves.

    Todo dependerá de lo que suceda este martes, especialmente si la lista de Bunge Campos -que postula a Hugo Cataldi, también juez de un tribunal oral- derrota a la de Cabral -con el camarista civil Ricardo Recondo a la cabeza- en la Asociación de Magistrados.

    En Tribunales se evaluaba que le resultaría muy difícil al oficialismo desautorizar a Cabral si el juez se imponía en estos comicios. Además afirmaban que la objeciones del kirchnerismo a Cabral tenían como motivo la férrea oposición del magistrado a permitir que los jueces sean sometidos a juicio político por el contenido de sus sentencias. Y también a su intransigencia para evitar que el bloque político tome el control total de la Magistratura.
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