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29 de agosto 2006 - 00:00

Relanza el gobierno una polémica reforma

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Sin acuerdos y con el diálogo cortado entre Jorge Bergoglio y Néstor Kirchner, esta semana la distancia Iglesia-gobierno puede ser más larga. Una comisión de «juristas notables» reflotará sin modificaciones un resistido proyecto de reforma del Código Penal que prevé la despenalización del aborto y de la tenencia de drogas para consumo personal, y la eliminación de la cadena perpetua. El texto del nuevo código será presentado el jueves al ministro de Justicia Alberto Iribarne. Casi una provocación: ese mismo día el ingeniero Juan Carlos Blumberg encabezará la quinta marcha en reclamo de seguridad y el arzobispo de Buenos Aires presidirá una misa por el santo de las embarazadas.

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Menudo favor le han hecho los «notables» al gobierno instalando en la agenda política dos cuestiones que la administración Kirchner prefiere -en este estadio preelectoral- no tocar: aborto y flexibilización de penas.

La reforma del Código Penal parece darles la razón a los grupos católicos y a la Iglesia (que ya oficializó su campaña antiaborto -ver aparte-) sobre un interés especial en empujar la legalización del aborto. Los casos de Mendoza y La Plata han sacudido la modorra oficial y obligado al Ejecutivo a reiterar que su política de gobierno no contempla dejar de considerar al aborto como un delito.

Es muy distinto a lo que opinan los abogados que participaron en la confección de este proyecto, que prevé la despenalización del aborto en los primeros tres meses de gestación con consentimiento de la mujer o ante cualquier violación. Tras el vendaval de críticas a esa postura -unas 4.000 mil objeciones llegaron a la casilla de correo del Ministerio de Justicia- ahora el comité evalúa incorporar un texto que advierta «siempre que lo hicieran excusable».

Para colmo de males, en Balcarce 50 no saben cómo frenar a los incontinentes Eugenio Zaffaroni y María del Carmen Argibay y sus mensajes proclamándose favorables a una abolición del aborto como delito. En rigor, ambos jueces supremos han sido coherentes con lo que siempre pensaron (y expusieron). Por lo tanto, no debería sorprender a los kirchneristas furiosos.

Para algunos miembros del gabinete las opiniones del penalista son desafortunadas y hasta poco oportunas. Ya Aníbal Fernández le llamó la atención cuando opinó sobre la reelección del Felipe Solá. Ahora el magistrado reivindicó la reforma del Código Penal y puso el tema en boca de todos en un momento en que no hacía falta y en que el gobierno hace desesperados esfuerzos para evitar que la marcha de Blumberg se convierta en el primer traspié serio de Kirchner en tres años de gestión.

«La reforma del Código Penal no tiene nada que ver con la seguridad, aunque sí con la seguridad jurídica. El código no se ajusta a la Constitución y tiene penas desproporcionadas», lanzó Zaffaroni el viernes pasado en un encuentro realizado en la Facultad de Derecho.

  • Pena máxima

    Para la gente común la reforma sí tiene que ver con su seguridad personal, porque se habla de eliminar castigos. Por caso, se pretende que desaparezca la pena máxima de 50 años y que el tope sea 30. Ese monto de condena fue uno de los reclamos que la sociedad realizó con fuerza cuando era castigada por una espiral de violencia sin antecedentes.

    El pronunciamiento del juez supremo tiene motivos ideológicos y también fraternos. Es imposible pensar que Zaffaroni le suelte la mano a su discípulo Alejandro Slokar, el secretario de Política Criminal que más pasión puso en gestar un «Código Penal revolucionario» muy distinto al concebido en 1921.

    Pareciera poco serio sostener que Slokar haya recorrido tanto trecho sin el consentimiento de sus jefes máximos. Anoche ya se daba por hecho que la comisión de juristas pediría una prórroga porque era casi seguro que antes del jueves «no va a alcanzar a analizar todas las opiniones» que se emitieron durante la consulta pública.

    También se afirmaba que la versión definitiva del código «no será la que promueve Slokar» y que el joven secretario de Política Criminal deberá dejar paso al ingreso de diputados y senadores que en «una comisión más ampliada» definirán la letra final del texto del nuevo código.
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