La generalización del Programa de Protección de Testigos surgió en tiempos de los secuestros extorsivos. A ese método echó mano el renunciado ministro de Justicia Gustavo Béliz para contener el enojo social. Antes sólo gozaban de ese beneficio los testigos en causas de narcotráfico. Desde entonces, el programa de Protección de Testigos fue incorporado para los casos de terrorismo, secuestros, delitos vinculados a la delincuencia organizada, la violencia institucional o cuando el interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.
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Además de los mediáticos Mario Pontaquarto y Sandra Montero, en el caso de los sobornos en el Senado, otras 30 personas han hecho uso del programa de testigos protegidos. En algunos casos reciben una nueva identidad; en otros, ayuda económica, custodia policial o, simplemente, declaran y regresan a su casa.
El problema, según los jueces, es que el Estado «no cuenta con una mecánica» que otorgue la calidad de testigo de mérito en forma automática. Es decir, la posibilidad de que se dispongan de manera inmediata medidas especiales de protección.
«Si un testigo no lo pide, es imposible que se lo incorpore al programa», confiesan en los tribunales. Pero lo que es imposible es que su identidad no quede al descubierto cuando llega el momento del juicio oral. Revelar la identidad es obligatorio para que la defensa pueda cuestionar o aceptar esa prueba. En definitiva,el programa no es como las series policiales norteamericanas muestran.
La desaparición del albañil Jorge Julio López ha renovado la discusión sobre las cualidades de este programa, que todavía no termina de ser aceptado porque en ocasiones se presta para ilegalidades. Y, además, puede no resultar práctico para casos relacionados con violaciones de derechos humanos. En los juzgados de todo el país hay cerca de 1.200 causas relacionadas con delitos de lesa humanidad. ¿Qué disponibilidad de recursos se necesita desde el Estado para proteger a varias decenas de testigos llamados a declarar? ¿Está preparado para aplicar el programa para este tipo de causas?
Las dudas no son menores. Hasta la Corte Suprema de Justicia le reclamó al gobiernoque otorgue garantías de «la debida protección» a las personas que intervienen en los juicios. En la misma sintonía se pronunció la Procuración General de la Nación, que dispuso medidas para que quienes declaren queden amparados en programas de protección del gobierno.
Ambas decisiones se constituyeron en las reacciones más importantes de las producidas la semana pasada en el ámbito judicial, en respuesta a las amenazas recibidas por jueces y fiscales de distintos puntos del país, que sustancian causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
La inquietud puede, sin embargo, resultar una complicación. Y si el sistema todavía no resulta fiable puede desbordar con las medidas que se han sugerido poner en práctica en el transcurso de esta semana. Por caso, el jefe de los fiscales, Esteban Righi, ordenó a una unidad especial elaborar un cronograma de juicios orales a militares vinculados a la represión y una listas de testigos convocados para «garantizar su seguridad».
Los fiscales deberán entregar el miércoles ese listado de testigos. Ese trabajo lo tiene que hacer el fiscal general Félix Croux, a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración.
Las causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura están abiertas en Capital Federal, Córdoba, Resistencia, Posadas, La Plata, Mar del Plata y Tucumán. ¿Se les pondrá protección a todos esos testigos?
El temor es a que esa metodología generalizada desborde un programa que no es seguro ciento por ciento. Sobre ello habló la Corte Suprema el viernes.
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