La Suprema Corte de Justicia autoriza el cobro de un nuevo impuesto del 2% en CDMX: a quiénes afecta

El fallo de la SCJN representa un cambio importante en la regulación de la economía digital en la CDMX y define un nuevo escenario fiscal para plataformas, repartidores y consumidores.

La Suprema Corte de Justicia autoriza el cobro de un nuevo impuesto del 2% en CDMX: a quiénes afecta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves 27 de noviembre 2025 el cobro de un impuesto del 2% sobre los ingresos que obtienen las plataformas de entrega por aplicación en la Ciudad de México (CDMX). La decisión impacta directamente a repartidores, plataformas digitales y consumidores finales que utilicen servicios de entrega en la capital.

La medida genera expectación en el sector de plataformas digitales y en usuarios de servicios de entrega, al implicar un incremento en los costos para quienes contraten estos servicios. Los alcances del impuesto y quiénes estarán obligados a cubrirlo son motivo de análisis por parte de expertos fiscales y asociaciones de repartidores.

¿Quiénes pagan el impuesto del 2 %?

El nuevo gravamen del 2% se aplica a los ingresos de las empresas o prestadores de servicios que operan plataformas de entrega por aplicación en la CDMX. Esto incluye aplicaciones de “food delivery”, mensajería y servicios similares que operen mediante modelos digitales.

Según lo aprobado por la SCJN, el impuesto debe ser trasladado al usuario final —es decir, al cliente que solicita la entrega— o bien asumido por la plataforma en sus tarifas. Esto significa que el costo del servicio podría aumentar para quienes utilicen este tipo de servicios en la capital.

Quienes podrían quedar exentos u optar por absorber el costo son aquellas plataformas pequeñas o autoempleados, dependiendo de cómo implementen sus mecanismos de facturación y de la regulación local que cada municipio adopte como consecuencia de la resolución.

Qué cambia a partir de la autorización

Con esta resolución, la Ciudad de México busca regular más claramente el modelo de economía digital vía plataformas, incorporando el impuesto como una fuente de ingresos fiscales. La intención oficial es incrementar la recaudación sin inhibir del todo la operación de servicios de entrega, pero trasladando parte del costo al consumidor o al proveedor del servicio.

Para los usuarios frecuentes de aplicaciones de entrega, es probable que los precios finales suban: pedidos de comida, paquetería o mensajería podrían reflejar el impuesto en tarifas visibles. Por su parte, las plataformas deberán ajustar sus sistemas de cobro y transparentar que están aplicando el 2 % aprobado por la SCJN.

Reacciones y contexto económico

La resolución ha provocado críticas de asociaciones de repartidores, quienes advierten que el costo podría repercutir en menores ingresos para quienes ya operaban con márgenes reducidos, o en tarifas inaccesibles para algunos usuarios. Al mismo tiempo, expertos en finanzas señalan que este tipo de impuestos pueden ayudar a formalizar servicios digitales y generar recursos para programas públicos en la CDMX.

En el contexto de un crecimiento continuo de la economía de plataformas, la decisión de la SCJN marca un precedente relevante: establece que los servicios por aplicación están sujetos a regulación fiscal, lo que podría incentivar un marco más transparente y regulado en el sector digital de la capital.

Qué debe hacer el usuario/consumidor

A partir de la publicación oficial del fallo, los usuarios que utilicen aplicaciones de entrega deben anticipar posibles aumentos en el precio de servicios de comida, mensajería y paquetería. Es recomendable revisar los recibos y tarifas, y optar por plataformas que informen claramente los cargos adicionales.

Para las plataformas y repartidores, se recomienda adaptar sus sistemas de facturación, avisar a los usuarios sobre los nuevos costos y verificar si pueden absorber el impuesto sin trasladarlo íntegramente al cliente.

El fallo de la SCJN representa un cambio importante en la regulación de la economía digital en la CDMX y define un nuevo escenario fiscal para plataformas, repartidores y consumidores.