Washington (EFE, Reuters, AFP, ANSA) - El presidente de EE.UU., George W. Bush, firmó ayer la llamada «ley del muro», que ordena la construcción de una polémica doble valla en varios tramos de la frontera con México, en un momento en que la inmigración se ha convertido en un arma electoral.
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«Este proyecto de ley ayudará a proteger al pueblo estadounidense, reforzará la vigilancia en la frontera y es un paso importante hacia la reforma migratoria», manifestó Bush durante una breve ceremonia en la sala Roosevelt de la Casa Blanca.
Bush firmó la ley cuando faltan menos de dos semanas para los comicios legislativos.
Se calcula que alrededor de 12 millones de inmigrantes viven en las sombras en EE.UU., sin contar los miles que continúan entrando, y qué hacer con ellos es algo que ha polarizado a los votantes y a los distintos actores políticos de este drama.
Bush reconoció que la inmigración ilegal ha aumentado porque «desafortunadamente, Estados Unidos no ha tenido el control absoluto de sus fronteras durante décadas».
Asimismo, destacó los logros de su gobierno para aumentar la seguridad en la frontera sur y recordó que los fondos para ello han aumentado de 4.600 millones de dólares en 2001 a 10.400 millones este año.
Además, el gobierno federal ha detenido y deportado a más de seis millones de inmigrantes indocumentados, ha incrementado de 9.000 a 12.000 el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y, para fines de 2008, cuando concluirá el segundo mandato de Bush, prevé haber duplicado esa cifra.
La «ley del muro», explicó Bush, «ahonda en estos progresos».
El muro tiene un costo que oscila entre 2.000 millones y 9.000 millones de dólares y esta ley no autoriza fondos para su construcción.
Fondos
Una partida inicial para ese proyecto, de aproximadamente 1.200 millones, fue incluida en el presupuesto para el año fiscal 2007 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre otros elementos, la ley estipula la construcción de un doble muro de más de 1.126 kilómetros de largo, además de barreras para vehículos y puntos de control, y el uso de alta tecnología militar para la vigilancia fronteriza, resumió Bush. Sin embargo, subrayó que trabajará con el Congreso para encontrar «un punto medio razonable» entre la amnistía y la deportación masiva de los indocumentados.
Bush reiteró que apoya un programa de trabajadores huéspedes «para reducir las presiones en la frontera», una idea rechazada por los republicanos más conservadores, que la interpretan como una amnistía encubierta para los inmigrantes clandestinos.
Pero Bush aclaró que se opone a una amnistía porque, según él, los millones de «sin papeles» que ya se encuentran en EE.UU. no merecen «una vía automática para la ciudadanía».
En la ceremonia de ayer se encontraban presentes el patrocinador de esta ley en la Cámara de Representantes, el republicano Peter King; el vicepresidente Dick Cheney; los líderes de la mayoría republicana en la Cámara baja, John Boehner, y en el Senado, Bill Frist, así como el jefe de la Patrulla Fronteriza, David Aguilar, entre otros.
Ninguno hizo declaraciones a los periodistas pero, poco después, muchos legisladores republicanos, entre ellos Frist y el presidente de la Cámara baja, Dennis Hastert, hicieron elogios de la ley y tildaron a la oposición de «obstruccionista» y de no ofrecer soluciones al problema.
Mientras, los principales líderes demócratas del Congreso, desde la legisladora Nancy Pelosi hasta los senadores Harry Reid y Edward Kennedy, destacaron el «fracaso catastrófico» de la política migratoria de EE.UU.
El muro es muy costoso, podría perjudicar las relaciones con México y en vez de disuadir a la inmigración ilegal, la desviará a sitios más peligrosos en la franja sur, señaló la oposición.
Este «muro de la vergüenza», como lo denominan sus detractores, ha causado malestar en México, el socio comercial más importante de EE.UU. después de Canadá (ver vinculada).
