San Pablo (ANSA) - En un creciente consenso, el gobierno, empresarios y banqueros brasileños salieron el fin de semana a defender una «agenda positiva» para que la economía no se vea afectada por la crisis política que sufre el país por denuncias de corrupción. Esta semana, precisamente el jueves, los empresarios le entregarán al presidente Luiz Inácio Lula da Silva un primer borrador de medidas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
«Las denuncias de corrupción no pueden parar el país», afirmaron ayer a la prensa local el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Guido Mantega, entre otros funcionarios, y representantes de sectores económicos, convencidos de que hay que «blindar» la economía y garantizar el crecimiento del país.
En la semana en que el presidente Lula advirtió que «la economía es muy vulnerable», las dos principales entidades industriales, Confederación Nacional de la Industria (CNI), y Federación de Industrias de San Pablo (FIESP), lanzaron iniciativas con el mismo fin, a casi dos meses de las denuncias de corrupción que desataron una seria crisis política.
«El BNDES elaborará una propuesta para presentar a la sociedad con algunos compromisos para evitar que la crisis contamine a la economía. Queremos unirnos a la iniciativa de buscar un acuerdo como el que nos propuso la CNI», comentó Mantega al diario «Folha de San Pablo».
En reunión con empresarios el martes, el presidente de la CNI, Armando Monteiro, sugirió la idea de elaborar una «agenda mínima» que garantice la gobernabilidad en momentos de crisis, y el presidente de la FIESP, Paulo Skaf, defendió la propuesta. El jueves, Monteiro presentará la propuesta de agenda mínima en San Pablo, con dirigentes empresariales que integran el Foro Nacional de la Industria, y luego alcanzará el documento al presidente Lula.
La propuesta de la CNI contiene recomendaciones al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y sugiere que el gobierno retome inversiones, mientras el Congreso debería hacer lo suyo con la discusión de proyectos hoy suspendidos, como la reforma política y la Ley de Micro y Pequeñas Empresas.
