Bolivia: reforma agraria afecta a brasileños

Evo Morales autografía un retrato de Fidel Castro a un grupo de médicos cubanos que llegaron a trabajar a Bolivia. Se trata de un acuerdo sanitario similar a los que ha firmado Hugo Chávez con el régimen de La Habana.

La Paz (AFP, Reuters) - En lo que puede inaugurar un nuevo foco de tensiones entre Brasil y Bolivia, la decisión del presidente Evo Morales de abolir el latifundio afectará grandes posesiones que brasileños poseen en el rico Oriente boliviano.

La reforma agraria se focalizará en los departamentos amazónicos de Pando (norte), Beni (nordeste) y Santa Cruz (este), que conforman una frontera de 7.000 km con Brasil, y en menor proporción en tierras en el sudeste boliviano.

Una primera consecuencia impactará en la misma frontera ya que el gobierno intimó el desalojo a una veintena de terratenientes brasileños establecidos dentro de una franja de 50 km donde la Constitución prohíbe actividades a extranjeros.

Esa prohibición legal cobró actualidad el mes pasado, cuando el gobierno de Morales ordenó paralizar un proyecto siderúrgico de la empresa brasileña EBX en la ciudad fronteriza de Puerto Suárez.

«En Pando, en el área colindante a Cobija, está establecido claramente que ciudadanos brasileños están en la franja de 50 km. Se emitieron resoluciones de desalojo y se dio un plazo de 15 días para que ellos desalojen», afirmó el director nacional de Tierras, Juan Carlos Rojas.

Según fuentes privadas, la poderosa agroindustria establecida en el distrito oriental de Santa Cruz opera sobre la base de fuertes inversiones de empresarios brasileños. «Estamos investigando, confirmando», apuntó Rojas poniendo en duda la legalidad de esos emprendimientos. Propietarios brasileños son responsables de 35% de la soja exportada por Bolivia.

En un tono más conciliador, el gobierno boliviano aseguró ayer que su plan sólo se aplicará a terrenos adquiridos ilegalmente o que no están en explotación.

Garantía

El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, salió al paso de reportes en la prensa local sobre un supuesto plan de confiscación de unas 11 millones de hectáreas, más de un décimo del territorio nacional, al afirmar que el gobierno « garantiza la seguridad jurídica de los propietarios». «No deben temer confiscación los empresarios bolivianos, menos los brasileños, si es que consiguieron tierras de manera legal y si cumplen la función para la cual hicieron esas adquisiciones», dijo Salvatierra.

Asimismo, indicó que una eventual reversión de tierras de brasileños cerca de la frontera no sería estrictamente una acción contra intereses brasileños, sino una aplicación directa de la Constitución.

Las relaciones entre el país andino con su vecino pasan por un momento delicado, luego de que La Paz decidiera nacionalizar el petróleo y el gas natural en el país.

En Bolivia existen actualmente 50 millones de hectáreas de tierra susceptibles de ser legalizadas. Sólo el campesino Movimiento de los Sin Tierra (MST) que agrupa a 250.000 familias pobres reclama la asignación de medio millón de hectáreas. La demanda por territorio desató una ola de violencia entre terratenientes y campesinos carenciados que entre 2000 y 2005 dejó más de una centena de muertos.