Montevideo (ANSA) - El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó ayer que los mandos del último régimen militar (1973-1985) no están amparados por la Ley de Caducidad que impide juzgar y condenar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
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Esta decisión permitirá el procesamiento, entre otros militares retirados, del ex dictador Gregorio Alvarez, quien el pasado 15 de junio tuvo que declarar -como testigo- por primera vez ante un tribunal civil que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto.
Vázquez, en una entrevista con la radio AM Libre, dijo que en las próximas horas emitirá un comunicado en el que informará sobre esta posición.
El mandatario, sin embargo, aclaró que rechaza la anulación de la Ley de Caducidad que impulsan la central obrera PIT-CNT y organizaciones sociales y humanitarias. La norma legal fue aprobada por el Parlamento el 22 de diciembre de 1986, a la salida de la dictadura, y ratificada en un referéndum el 16 de abril de 1989, e impidió procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de prisioneras, asesinatos y ocultamientos de cadáveres durante el gobierno de facto.
El presidente recordó que en el pasado integró la comisión que reunió firmas e impulsó el referéndum popular para derogar la ley y dijo: «Luché con toda la fuerza que podía tener en ese momento». Recordó, sin embargo, que en el plebiscito popular «perdimos, por muy poco, pero perdimos, y la ley quedó vigente».
Vázquez afirmó que en el último congreso del Frente Amplio, en 2003, se resolvió respetar la vigencia de la ley pero hacer cumplir el articulo 4° de la norma, que entre otras cosas establece que el Poder Ejecutivo deberá investigar el destino de los prisioneros desaparecidos y los robos de niños durante la dictadura.
«Esto fue lo que prometí en la campaña electoral y esto fue lo que les informé a los comandantes militares cuando me reuní con ellos durante el período de transición», antes de asumir el cargo el 1° de marzo de 2005, aclaró el mandatario.
Dijo que también dejó entonces claramente establecido que la vigencia de la ley es entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985, durante el período de facto, que los civiles no están comprendidos por la norma y que tampoco están amparados quienes hayan incurrido en «crímenes aberrantes».
Entre estos destacó los asesinatos en Buenos Aires en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y el homicidio de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, ejecutada en el mismo año en Uruguay y a quien se le sustrajo su hija recién nacida.
«Los mandos tampoco están amparados» por la ley, afirmó Vázquez.
El artículo 1° de la ley establece que están preservados los funcionarios militares y policiales «en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto», pero no incluye a los mandos que dieron esas órdenes.
En sus declaraciones, Vázquez reiteró que no acompañará el proyecto para anular la Ley de Caducidad.
El pasado 19 de junio, el PIT-CNT, junto a organizaciones sociales, lanzó en Paysandú, 378 kilómetros al norte de Montevideo, la campaña para anular la ley de impunidad, al considerar que «viola en forma flagrante» normas internacionales, como la que estipula que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser aministiados.
El abogado Oscar López Goldaracena, uno de quienes impulsa la anulación, recordó que «un acto jurídico es nulo cuando tiene un vicio intrínseco que lo convierte en un acto inexistente».
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