España pidió captura internacional de militares de EEUU que mataron a periodista en Irak

Un juez español ordenó hoy la búsqueda y captura internacional, a efectos de extradición, de los tres militares estadounidenses imputados por la muerte del camarógrafo español José Couso, ocurrida en 2003 en Bagdad.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomó esta decisión después de que Estados Unidos no acogió su petición de tomar declaración a los militares.

Thomas Gibson, Philip Wolford y Philip de Camp, sobre quienes pesa el mandato de captura, formaban parte de la unidad del regimiento de blindados de la Tercera División de infantería acorazada que el 8 de abril de 2003 disparó desde un carro de combate contra el hotel Palestina.

El albergue acogía a la mayor parte de periodistas extranjeros en Bagdad, y en la acción murieron Couso, de Tele 5, y el camarógrafo ucraniano de Reuters, Taras Protsyuk, que en ese momento grababan imágenes desde la ventana.

La petición de captura es, señala el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, "la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".

El juez pidió documentación a Estados Unidos el 21 de abril de 2004 y el pasado 6 de junio solicitó a las autoridades estadounidenses que tomara declaración a los militares o bien que autorizaran su desplazamiento en comisión judicial para que brinden testimonio.

Estados Unidos no extradita a sus ciudadanos, recordó la abogada de la familia Couso, Pilar Hermoso, tras emitirse el mandato, por lo que sólo podrían ser detenidos cuando salgan de su país.

En este supuesto, la abogada expresó sus dudas sobre si podrían ser detenidos en el caso de que los militares dejaran Estados Unidos como miembros de un contingente militar destinado a un país extranjero, y no como ciudadanos individuales.

El hermano del camarógrafo muerto, Javier Couso, dijo que la familia "está muy feliz" y que este mandato convierte a la Audiencia Nacional "en la vanguardia de las justicias".

El juez les ha imputado un delito contra la comunidad internacional, castigado con entre 10 y 15 años de prisión y tipificado en el Código Penal contra quien "con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos de amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla", y de otro de asesinato, penado con de 15 a 20 años más.

Para su imputación el juez se ha basado en los relatos de testigos presenciales así como en las declaraciones de los propios militares a la prensa.

El sargento Gibson, el artillero que disparó el proyectil desde el carro de combate que tripulaba, dijo un mes después en declaraciones emitidas en Tele 5: "No disparé inmediatamente sobre él. Llamé a mis jefes y les dije lo que había visto. Diez minutos después me llamaron y me dijeron que disparara sobre él y eso hice".

Gibson dijo haber visto a alguien que desde el hotel les observaba con prismáticos.

Su inmediato superior, el capitán Wolford, reconoció en una entrevista a Le Nouvel Observateur haber autorizado el disparo y el teniente De Camp, la persona que lo ordenó, dijo en una entrevista publicada en Los Angeles Times: "Lamento decirlo, pero soy el tipo que mató a los periodistas", al tiempo que justificó el ataque diciendo que sus unidades estaban siendo atacadas por iraquíes.

Una investigación del Pentágono sobre este suceso concluyó que la muerte de Couso fue un accidente.

En la querella que presentaron los familiares de Couso se calificaba su muerte de "crimen de guerra y asesinato", fundamentándolo en la Convención de Ginebra.