El gobierno del presidente Evo Morales no expropiará propiedades y equipos de las petroleras que operan en Bolivia, si éstas no logran un acuerdo con el estado boliviano en los 180 días que dispone el decreto de nacionalización de los hidrocarburos.
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Así lo informó el ministro de Planificación para el Desarrollo Carlos Villegas, en declaraciones formuladas a una radio local.
"Si no se llega a un acuerdo, ellas (las empresas) sabrán qué hacen con sus instalaciones. El decreto de nacionalización en ningún momento señala que se harán expropiaciones", puntualizó.
La nacionalización decretada el primero de mayo pasado por Evo Morales impone a las empresas "la obligación de entregar el 100 por ciento de la producción al estado boliviano que ha pasado a ser propietario de la producción debajo de la tierra", explicó Villegas a la prensa.
La posición del gobierno surge en momentos en que la empresa Repsol YPF y la brasileña Petrobrás, las cuales en conjunto controlan el 70 por ciento de las reservas de gas natural de este país, anunciaron el inicio de negociaciones con el gobierno boliviano para modificar sus contratos bajo el decreto de nacionalización.
Petrobras dijo el viernes en un comunicado de su filial boliviana, que recurrirá a un arbitraje internacional en Nueva York si en un plazo de 45 días no logra un acuerdo con el gobierno boliviano sobre el precio del gas que importa desde este país.
Recordó que su contrato con la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establece "los mecanismos que debe regir la negociación" y que, si en 45 días no hay acuerdo, "el próximo paso es un arbitraje internacional en Nueva York".
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