Imputan corrupción a un tercio de los diputados brasileños

Nuevas denuncias de corrupción, que alcanzan al menos a 170 legisladores brasileños, saltaron ayer a las primeras planas de la prensa de Brasil.

Brasilia (AFP, ANSA) - Al menos un tercio de la Cámara de Diputados de Brasil está bajo sospecha de haber participado de un sistema de desvío de recursos del presupuesto, en un nuevo caso de corrupción que saltó ayer a los principales titulares de los diarios y que conmueve a ese país.

La Operación Sanguijuela lanzada por la policía federal descubrió la semana pasada una organización que desvió más de 50 millones de dólares del presupuesto a través de compras de ambulancias en ciudades del interior del país. Las primeras diligencias llevaron a la detención de 47 personas, entre ellas dos ex diputados.

La agrupación se beneficiaba de las «enmiendas parlamentarias», recursos del presupuesto que los diputados tienen derecho a utilizar para impulsar inversiones públicas en sus distritos.

Acusados

En una declaración de más de seis horas a la policía, una ex funcionaria del Ministerio de Salud, Maria da Penha Lino, que admitió haber participado de la estafa, sostuvo que al menos 169 de los 513 diputados federales, y un senador, ayudaron al desvío del dinero. Entre los acusados hay legisladores del oficialismo y la oposición. 

Penha Lino identificó a los legisladores que recibían dinero para introducir fraudes al presupuesto federal a cambio de «coimas» que equivalían de 10% a 20% del monto total de las enmiendas. 

La ex funcionaria decidió contar su versión sobre la organización después de llegar a un acuerdo de «delación premiada» con la Fiscalía, que le permitiría pasar de reo a testigo, según su abogado. Por el momento, Penha Lino está acusada de corrupción pasiva, fraude en licitación, asociación ilícita, lavado de dinero y delito contra el orden tributario.

Antes de ser asesora del ex ministro de Salud Saraiva Felipe, la mujer había trabajado cinco años en la empresa Planam, que entregaba las ambulancias a varios municipios del estado de Mato Grosso.

La mujer confesó que el fraude no consistía en la venta sobrefacturada, sino en el propio proceso licitario, que invariablemente elegía a la empresa Planam. De acuerdo con sus declaraciones, Planam ofrecía coimas a los diputados que liberaban recursos para la compra de ambulancias, dinero que llegaba al Congreso en paquetes, valijas y hasta escondido en la ropa interior de empleados de la empresa.

«El dinero entraba al Congreso escondido en libros, valijas, y hasta medias y calzoncillos de empleados de la Planam», dijo Eduardo Mahon, abogado de Penha Lino.

Registros

Según la mujer, la empresa tiene un libro de contabilidad donde están minuciosamente registrados los pagos hechos a los diputados que ayudaron a la organización, documento que, según fuentes de la investigación, la policía ya obtuvo.

De acuerdo con fuentes policiales, existen también grabaciones en las que diputados admiten haber recibido dinero de la Planam.

La Fiscalía de Cuiabá, capital de Mato Grosso, y la policía federal no pueden investigar a los parlamentarios, que tienen derecho a foro privilegiado, y por eso no pueden avanzar en la investigación de las denuncias. Una eventual investigación de diputados dependerá del Supremo Tribunal Federal (STF), después de que se manifieste el procurador general de la república.