La invasión rusa a Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022.
La Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las violaciones de los Derechos Humanos durante el conflicto Rusia-Ucrania confirmó las denuncias acerca de que las tropas rusas torturaron "hasta la muerte" a prisioneros ucranianos. La Comisión documentó este “uso generalizado y sistemático de la tortura”, en particular contra personas acusadas de ser informantes de las fuerzas armadas de Ucrania.
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El informe señala que se siguen recogiendo pruebas de que el Kremlin está cometiendo crímenes de guerra, incluidos ataques ilegales con explosivos, ataques contra civiles, torturas, violencia sexual y de género, y ataques contra infraestructuras energéticas.
Mientras tanto, Rusia negó haber cometido los crímenes de los que se lo acusa, mientras que el Ministerio de Defensa ruso no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.
El documento habla de tortura por parte de las fuerzas armadas rusas en áreas que cayeron bajo el control militar ruso. Algunas de estas víctimas murieron, y las que lograron salir con vida denunciaron violencia y agresión sexual.
Erik Møse, presidente de la Comisión, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y explicó que es imposible determinar el número de casos de tortura con resultado de muerte, debido a las restricciones de acceso. "Se trata de un número bastante elevado y procedente de regiones muy diferentes de todo el país, cerca y lejos de las líneas de batalla”, aseguró.
Luego de estas declaraciones, la Comisión determinó su posición sobre que las violaciones cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, incluido el uso de la tortura, pueden constituir crímenes contra la humanidad.
También los investigadores indicaron que están actualizando con regularidad una lista con la identidad de los autores de violaciones de derechos humanos que entregará en el futuro a la instancia pertinente de Naciones Unidas
Respecto a encontrar culpables, los investigadores de la ONU confesaron la posesión de una lista con la identidad de los autores de violaciones de DD.HH., que entregará "en un futuro" a la organización para que la resguarde. Esta no sólo incluye nombres, sino también entidades responsables y encubridoras.
El contenido oficial y completo de esta lista se mantiene en reserva y su objetivo es servir de base de una acusación penal cuando estas situaciones sean juzgadas por instancias de justicia nacionales o internacionales.
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