Piden procesar al entorno de Lula por corrupción

Una comisión parlamentaria que investigó asuntos de corrupción en Brasil aprobó hoy su informe final, que pide procesar al ex ministro Antonio Palocci y a otras 78 personas, algunas muy vinculadas al jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

El informe fue aprobado con una amplia mayoría de doce votos a dos pese a la resistencia de la bancada oficialista y ahora será enviado a la Procuraduría General, que deberá decidir si se debe iniciar un proceso penal contra los acusados.

El grupo parlamentario conocido como "comisión de los bingos" fue la tercera de las comisiones creadas en el Congreso para investigar las corruptelas que el año pasado pusieron contra la pared tanto al Gobierno como al oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Una de las otras dos comisiones concluyó sin llegar a nada y la otra pidió procesar a más de un centenar de personas, de las cuales cuarenta ya han sido denunciadas formalmente ante la justicia.

Durante poco más de seis meses, esta comisión investigó fundamentalmente las supuestas relaciones entre el PT, fundado por Lula en 1980, y las mafias del juego ilegal.

El documento, redactado por el senador Garibaldi Alves, dice que esas relaciones quedaron comprobadas, sobre todo en municipios del estado de Sao Paulo controlados por el PT.

Por uno de esos casos se pide procesar a Palocci, quien fue titular de la cartera de Hacienda hasta marzo pasado, cuando se vio obligado a renunciar en medio de un escándalo de tintes sexuales en el que se mezclaron acusaciones de corrupción y abuso de poder.

El documento también pide procesar a Paulo Okamoto, un antiguo e íntimo amigo de Lula, de quien se dice que oficiaba como una suerte de tesorero personal del mandatario Según el informe, Okamoto, que preside el estatal Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), se negó a esclarecer el origen del dinero que usó para pagar deudas por unos 13.000 dólares que Lula tenía con el PT, y otras por un valor no precisado contraídas por Lucian, una de las hijas del mandatario.

De acuerdo con el documento aprobado, se sospecha que las deudas fueron pagadas con recursos de una supuesta "caja paralela" que esa formación mantuvo oculta durante la campaña para las elecciones del 2002 y que habría sido alimentada con "dinero sucio", logrado mediante extorsiones a empresas en municipios paulistas.