Polémica embestida judicial en Bolivia contra Repsol YPF

Los fiscales se dejaron ver con chalecos antibalas en el allanamiento a la sede de Repsol-YPF en Santa Cruz de la Sierra.

La Paz (EFE, Reuters, ANSA) - Tres fiscales allanaron ayer las oficinas de la filial de la petrolera española Repsol YPF, de donde retiraron documentación referida a un denunciado caso de contrabando de combustible, en sintonía con el tono hostil de un sector del gobierno de Evo Morales hacia la inversión extranjera. Un fiscal informó anoche que dos de los principales directivos de la firma estaban prófugos, pero Repsol YPF indicó que la «supuesta» orden de detención «es inválida».

Lo sucedido podría abrir una brecha entre los gobiernos de Bolivia y España. Por lo pronto, el secretario de Estado español para Relaciones Exteriores, Bernardino León, de visita en Lima, evaluó que la actuación judicial fue «no justa» y afirmó que lo sucedido suscitó «una enorme preocupación» para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En medio de un clima de confusión que reinó durante todo el día, el fiscal Angel Alvarez, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se realizó la operación, indicó que el titular de la empresa española en Bolivia, Julio Gavito, y el abogado de la compañía, el argentino Pedro Sánchez, fueron declarados prófugos. Su búsqueda «continuará con los allanamientos que sean necesarios», dijo Alvarez a diferentes radios.

La orden de detención de Gavito y Sánchez, que estaba en suspenso desde hacía diez días, fue reactivada luego de que ambos ejecutivos no se presentaran ayer a una audiencia de declaración informativa ante los fiscales que investigan un presunto contrabando de 230.000 barriles de crudo.

«Hemos practicado un allanamiento en busca de los señores ejecutivos de Repsol Andina, lamentablemente no se encuentran y vamos a seguir la investigación», dijo el fiscal Alvarez, quien fue mostrado por la televisión vistiendo un chaleco antibalas tras el frustrado allanamiento.

La denuncia afecta a la empresa local Andina, en la cual Repsol YPF tiene 50% de las acciones y el gerenciamiento.

En un comunicado titulado «Repsol YPF confía en la inocencia de sus directivos en Bolivia y aguarda que se esclarezcan los hechos», la empresa dijo que «reitera la inocencia de sus representantes y espera poder desarrollar sus actividades en un clima de normalidad».

Además, el sorpresivo allanamiento, que concluyó al mediodía local, fue calificado como «completamente ilegal» por Abel Montaño, abogado de Repsol.

La operación de la fiscalía se produjo al día siguiente de que el juez Zenón Rodríguez dispusiera la suspensión temporal de las investigaciones penales a que está sometida la empresa Andina, filial de Repsol YPF, por un presunto contrabando de crudo.

• Sorpresivo

Fuentes de la firma española dijeron a este diario que el juez Rodríguez aceptó el miércoles el traslado desde el fuero penal al administrativo, por lo que causó sorpresa que el mismo magistrado dispusiera un día después el allanamiento.

El presunto contrabando de Andina se habría producido durante operaciones de exportación de crudo entre mediados de 2004 y mediados de 2005, según la denuncia de la Aduana que dio origen a la investigación judicial. Por el mismo ducto, la empresa continuó exportando crudo hasta la fecha.

Repsol YPF entiende que «no hay contrabando porque la exportación de petróleo no paga impuestos en Bolivia, por lo que no hay dolo al no haber existido evasión tributaria ni falsificación de documentos».

El representante del gobierno español, Bernardino León, confió en que «se pueda encontrar una solución y evite este halo de una actuación irregular por parte de Repsol, que no nos parece justa».

El funcionario del gobierno del socialista Rodríguez Zapatero recalcó que «Repsol realiza una gran labor en Bolivia, está comprometida con el presente y futuro del país y dispuesta a reforzar sus compromisos» en esta nación andina.