La iniciativa contempla eliminar el costo de los viajes urbanos los sábados, domingos y feriados. La medida podría reducir 0,25 puntos porcentuales la inflación mensual y destinar hasta R$45.000 millones adicionales al año al consumo de productos y servicios esenciales.
El gobierno de Brasil propone transporte público gratuito para bajar la inflación y estimular el consumo-
La propuesta del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de eliminar el pago del transporte público urbano durante los fines de semana y feriados podría aliviar los gastos de los hogares, impulsar el consumo de productos esenciales y contribuir a una baja de la inflación mensual.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según estimaciones de especialistas, la medida permitiría reducir ese indicador en 0,25 puntos porcentuales y liberar hasta 45.000 millones de reales adicionales al año para la compra de bienes y servicios básicos.
Lula anunció la iniciativa el jueves y anticipó que enviará al Congreso un proyecto de enmienda constitucional para establecer la gratuidad en las ciudades que cuentan con transporte colectivo. La propuesta comenzaría a aplicarse en 2027 si el mandatario obtiene la reelección en la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. Para financiarla, planteó recurrir a las partidas presupuestarias que los legisladores asignan a través de las enmiendas parlamentarias.
La iniciativa busca extender a todo el país una modalidad que ya funciona en algunas ciudades, como Brasilia, San Pablo y Belo Horizonte. Actualmente, más de 5.000 municipios brasileños cuentan con algún tipo de transporte colectivo, aunque no todos ofrecen viajes gratuitos.
El economista Leonardo Costa, de la entidad financiera ASA, calculó que la medida podría provocar una caída del 22,4% en el precio del componente de autobús urbano que integra el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), el indicador oficial de inflación de Brasil. Ese rubro representa el 1,116% del índice, por lo que la eliminación del boleto tendría un efecto sobre el resultado mensual. La estimación contempla tanto las localidades que ya tienen viajes gratuitos como aquellas en las que todavía se cobra el pasaje.
Un estudio de la Universidad de Brasilia, por su parte, estimó que la implementación integral de la tarifa cero podría redirigir unos 60.000 millones de reales anuales hacia el consumo. Ese cálculo incluye los beneficios que ya reciben determinados grupos, como estudiantes y personas mayores, por lo que no equivale exclusivamente al ahorro que generaría la nueva propuesta.
Renato Schwambach Vieira, economista y profesor de la Universidad de San Pablo, explicó que dejar de gastar dinero en pasajes permitiría a las familias destinar una mayor proporción de sus ingresos a necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y la salud. También advirtió que la estimación no contempla eventuales cambios impositivos para sostener el programa.
La Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) advirtió que la recaudación por la venta de boletos no alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento del sistema. Por eso, consideró necesario encontrar nuevas fuentes de ingresos para sostener el servicio y avanzar hacia un esquema gratuito.
“Hoy la facturación proveniente del pago de la tarifa pública no es suficiente para cubrir los costos operacionales del sistema de transporte, lo que requiere el aporte de ingresos no tarifarios”, señaló la entidad en un comunicado.
La organización explicó que los subsidios estatales ya forman parte del financiamiento del transporte en distintas regiones brasileñas, aunque no siempre son suficientes para garantizar mejoras en la calidad. En ese contexto, propuso que el Gobierno federal contribuya a cubrir los costos operativos y que la gratuidad se implemente de manera gradual, con prioridad para los sectores de menores ingresos y tarifas accesibles para el resto de los pasajeros.
La viabilidad de la propuesta dependerá de cómo se organice su financiamiento y de la aprobación legislativa. Aunque las estimaciones anticipan un posible alivio para los presupuestos familiares, la extensión de la gratuidad a escala nacional todavía requiere definir cómo se cubrirán los costos del sistema.