Montevideo (ANSA) - El ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry (1973-1976) se presentó ayer en la jefatura de policía de Montevideo y quedó detenido por la causa en la que se investiga su responsabilidad en el asesinato de dos legisladores y dos guerrilleros tupamaros en Buenos Aires en 1976.
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Su entonces canciller Juan Carlos Blanco se encuentra detenido desde la noche del jueves.
El auto de procesamiento entregado ayer por el juez Roberto Timbal a los abogados defensores de Bordaberry y Blanco estableció que en los interrogatorios de testigos y de los propios acusados surgieron "elementos de convicción suficiente" para acreditar la responsabilidad de ambos en esos hechos.
En el documento se indicó que los asesinatos de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, cuyos cadáveres aparecieron en Buenos Aires en mayo de 1976, "fueron precedidos del secuestro de la víctimas y hurto de sus pertenencias en un mismo acto criminal".
La abogada de las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz, Hebe Martínez Burlé, dijo a ANSA que al ex dictador puede corresponderle hasta 30 años de cárcel, la pena máxima en Uruguay y explicó que por cada homicidio corresponden 10 años de prisión a los que deben sumarse la desaparición, también en esos días, del médico comunista Manuel Liberoff.
Bordaberry quedó detenido ayer en la Cárcel Central ubicada en el mismo edificio que ocupa la jefatura de Policía, en el centro de Montevideo, donde ya se encontraba desde la noche del jueves el ex canciller Blanco.
Un grupo de personas que esperó durante toda la noche en el lugar se acercó y gritó "asesino, asesino" cuando el vehículo que conducía al ex dictador ingresó al estacionamiento de la sede policial.
El ministro del Interior, José Díaz, aclaró que Bordaberry y Blanco no serán trasladados a una cárcel que se está construyendo en un predio del ejército en las afueras de Montevideo y que será destinada, entre otros delincuentes, a ex militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
El director de comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat dijo a ANSA que con la prisión preventiva y el auto de procesamiento entregado a la defensa "se inició formalmente el juicio" y explicó que los abogados podrán "recurrir ante el juez Timbal para que revise su decisión o apelar ante el Tribunal correspondiente".
Al dictar el procesamiento, el juez Timbal hizo lugar a un pedido de la fiscal Mirtha Guianze que entendió que ambos dieron las órdenes, facilitaron los medios o aseguraron la impunidad de los crímenes de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, cometidos al amparo de la Operación Cóndor (una red represiva de las dictaduras de América del Sur de los años 70 y 80).
El senador de la gobernante coalición de izquierdas, Rafael Michelini, hijo de Zelmar, dijo ayer a radio El Espectador, que tras estos procesamientos "se van a empezar a abrir las puertas" para investigar otros casos de violaciones de los derechos humanos.
Durante 20 años, los gobiernos de los partidos Colorado y Blanco se negaron a investigar este caso, amparados en una ley sancionada en 1986, que dio impunidad a militares y policías que violaron derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
La central obrera uruguaya PIT-CNT y varias organizaciones sociales convocaron a una concentración en el centro de Montevideo para celebrar el encarcelamiento de Bordaberry y Blanco.
"Va a ser una jornada de fiesta, de reencuentros, de abrazos", dijo el coordinador del secretariado ejecutivo de la organización sindical, Juan Castillo.
Bordaberry, electo en comicios democráticos y que asumió la Presidencia en 1972, encabezó en 1973 un golpe de Estado, disolvió el Parlamento e inició un gobierno de facto.
Los militares lo expulsaron de su cargo en 1976 y colocaron en su lugar a otros civiles hasta que finalmente asumió la primera magistratura el general Gregorio Alvarez, quien condujo la dictadura hasta su caída en 1985.
El ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000), del Partido Colorado, conservador, consideró ayer que los crímenes del ex dictador prescribieron.
"No tenemos para la conducta política del señor Bordaberry sino expresiones de rechazo, por haber incumplido su juramento democrático, por haber contribuido a instaurar un sistema de pérdida de libertades y hasta pretender la abolición de los partidos políticos", dijo.
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