El año pasado terminó con un balance lamentable para la niñez argentina: mientras la mitad de los chicos y las chicas de nuestro país viven en la pobreza (alarmantes indicadores de Unicef y del Observatorio de la Deuda Social de la UCA confirmaron recientemente que la infancia es la población más empobrecida del país), el Congreso nacional sigue sin designar al Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes; vacante desde su creación, hace más de 13 años.
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El cargo nacional de Defensor del Niño, figura clave para monitorear las políticas públicas destinadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia y velar por el cumplimiento de los derechos que el Estado debe garantizar a chicas y chicos, fue instituido en 2005 por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que estableció 90 días de plazo para que nuestros representantes efectuaran la selección y designación del futuro defensor/a.
Sin embargo, recién en 2017, y a instancias de la sociedad civil que reclamó durante años el nombramiento de un defensor/a e interpuso un amparo con sentencia favorable, se conformó una comisión bicameral del Congreso que implementó un concurso público de antecedentes y oposición con cuatro etapas de evaluación -presentación de antecedentes, examen escrito anónimo, formulación de planes de trabajo y exposición en audiencia pública- que determinó 14 postulantes finalistas en 2018.
No obstante, y a pesar de que la futura Defensoría ya tiene presupuesto asignado para 2019, la Bicameral ha diferido reiteradamente la ponderación final de las candidatas y los candidatos que llegaron a la instancia final para elegir al defensor/a. El siguiente y último paso sería la aprobación del elegido o elegida, por mayoría simple, en el pleno de las cámaras de Diputados y Senadores.
Desde la coalición Infancia en Deuda exhortamos al Poder Ejecutivo a habilitar el tratamiento de la designación del Defensor del Niño en sesiones extraordinarias para que el Congreso pueda concluir, por fin, el proceso de selección y designación en forma urgente.
El defensor/a tendrá una agenda de trabajo intensa y múltiple por delante: promover la producción de información estadística adecuada; exigir un debate profundo sobre la necesidad de una ley penal juvenil, con participación de chicos y adolescentes; propiciar la conformación y fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos en todo el país; monitorear a entidades públicas y privadas que atienden a niños y adolescentes; y supervisar la implementación de políticas activas que aseguren la disponibilidad de jardines maternales y centros de primera infancia son algunas de las cuestiones centrales señaladas públicamente por Infancia en Deuda.
También deberá impulsar acciones para asegurar la universalidad y equidad del régimen de asignaciones familiares; exigir una política nutricional adecuada; y realizar un diagnóstico y plan de acción sobre acciones prioritarias en relación con enfermedades endémicas y desatendidas. Además, será fundamental que intervenga para asegurar la disponibilidad de vacantes escolares; que propicie el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes con servicios adecuados de contención y acompañamiento; y que requiera al Estado el cumplimiento de la intangibilidad de los recursos destinados a la infancia, entre otras -muchas- prioridades.
Son más de 13 años de vergonzosa deuda con la infancia; ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar la infancia de nuestro país?
(* ) Miembro de la coalición Infancia en Deuda y abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
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