“Sin pericia contable completa no puede haber administración fraudulenta… no hay conclusiones coherentes contables que hayan acreditado desvío de fondos”. Así fue uno de los puntos fundamentales del alegato efectuado este martes por el abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, en representación de dos extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe, acusados en el marco de la causa “Vialidad”, donde la principal imputada es Cristina de Kirchner.
La defensa aseguró ayer que los fiscales hicieron una “construcción errónea” en la acusación, y que no probaron el prejuicio al Estado, al adelantar que va a solicitar la absolución.
Los fiscales “ponen el carro delante del caballo”, explicó el abogado Arce Aggeo, al alegar sobre la imputación que se hizo en particular a Villafañe. Esto es, según advirtió, que los fiscales comenzaron por la subjetividad, cuando primero debieron haber acreditado que el delito (el supuesto perjuicio al erario público) objetivamente se acreditó. “Y no se probó el perjuicio al Estado”, concluyó.
* Ausencia de una pericia completa: De manera presencial en los tribunales de Comodoro Py ante el Tribunal Oral, Arce Aggeo resaltó la ausencia de una pericia contable completa, con lo cual no está definido ningún perjuicio al estado, argumentó. Porque “no se demostró que haya habido perjuicio en la redeterminación de precios”.
Fustigó a los especialistas ingenieros que intervinieron en el caso, que no supieron responder las preguntas técnicas durante el proceso, lo cual “me dio vergüenza ajena”, dijo. Cuestionó que no hubo una pericia interdisciplinaria como debió hacerse, “porque los ingenieros no eran especialistas en Vialidad”.
Las pericias solo se hicieron respecto de cinco obras, por lo “que no contamos con una prueba técnica suficiente”, fundamentó el letrado la acusación “imprecisa” sobre su defendido.
En abril pasado, cruzados por varios peritos de parte y por las preguntas técnicas de los defensores, los peritos oficiales Eloy Bona y el ingeniero Roberto Panizza dejaron en evidencia las numerosas inconsistencias en la metodología que decidieron utilizar para el estudio oficial en el que concluyeron que hubo sobreprecios en cinco de las 51 obras investigadas.
* El supuesto manejo de fondos: “Villafañe nunca manejó fondos nacionales”, argumentó el letrado al explicar cómo funcionaban las distintas direcciones y departamentos jurídicos del organismo que presidía.
Ratificó lo que ya expusieron otras defensas, que los fondos provinciales fueron debidamente rendidos ante los tres organismos de control de la provincia de Santa Cruz. “Nunca dijeron los fiscales que Villafañe desvió fondos provinciales”. A lo largo de su alegato, el defensor advirtió que no puede imputarse administración fraudulenta con el argumento de que las licitaciones se otorgaban de manera rápida. “Eso no es un ilícito… esperamos eficiencia y celeridad de los funcionarios”, consideró.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 6 años para Villafañe por considerarlo autor del delito de administración fraudulenta y 4 años para Santibañez por el mismo delito.
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