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Miguel Angel García Moreno, con el patrocinio del abogado Roberto Ribas, entregó a la jueza de instrucción Alicia Iermini un informe donde presuntamente se demostrarían incumplimientos en los plazos de esa obra, sobreprecios, pagos de trabajos no realizados o deficientemente efectuados.
Entre ellos, se menciona la duración de los trabajos acordados por 180 días que, de acuerdo con la denuncia, se extendieron por 18 meses con un costo final de 16 millones de pesos, contra los seis originariamente pactados; el pago de 127 mil pesos adicionales a los 24 mil presupuestados en concepto de equipos de sonido, y el faltante de 230 aparatos de aire acondicionado.
Los elementos aportados por el diputado surgen, según sus dichos, de una investigación del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Cristian Caram.
García Moreno denunció además ante la magistrada a los funcionarios que "procedieron a otorgar exenciones al Impuesto a los Ingresos Brutos, contrarias a la Constitución y legislación de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la 'Empresa Autopistas Urbanas S.A.', evitando de ese modo doloso que ingresara en el tesoro de la Ciudad la suma de más de 13 millones quinientos mil pesos".
El legislador solicitó a Iermini ser tenido como parte querellante en el expediente, es decir tener acceso a la causa e impulsar medidas, "en representación de los intereses difusos y colectivos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires".
García Moreno es dirigente justicialista, fue funcionario del ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Duhalde y actualmente forma parte del sector del PJ Capital que llegó a un acuerdo con Mauricio Macri para sumarse a las listas de Compromiso para el cambio.
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