¿Cómo hablar mal de algo que era bueno?

Peronistas y radicales se vieron forzados ayer a hacer piruetas en público para justificar modificaciones a la ley del PAMI, a pedido del gobierno de Néstor Kirchner. El 3 de julio del año pasado, los bloques mayoritarios del Senado se prodigaron -puede decirse hoy que en exceso- en elogios sobre la norma que, ahora, descubren fue imperfecta y, por eso, tuvieron que hacerle retoques en tiempo récord, a menos de un año de su aprobación, casi, a libro cerrado.

Lo peor es que algunos de ellos, como el senador radical Carlos Maestro, elogiaron que se le excluyera al Ejecutivo la posibilidad de disponer la intervención, precisamente, lo que se votó ayer.

A salvo quedan los legisladores del Interbloque Federal de provinciales -Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), Pedro Salvatori (MPN-Neuquén) y Pablo Walter (Recrear)-, quienes levantaron hace 11 meses en la Cámara Alta un proyecto propio que recomendaba la descentralización de los servicios del PAMI, y se opuso al proyecto alentado por Luis Barrionuevo para asegurarse el control del organismo.

Por si fuera poco, en el tratamiento en particular, Gómez Diez sugirió -y no fue atendido- eliminar por inconstitucional la cláusula que limitaba al Congreso, y a exclusivo pedido de la Auditoría General de la Nación, disponer la intervención de la obra social.

• Sin modificaciones

«Es sabido que, a través de una ley, no se puede modificar la Constitución. Esto lo señalo -apuntó el ex vice de Ricardo López Murphy- porque el artículo 77 de nuestra Carta Magna establece que respecto a los proyectos de ley, la iniciativa puede ser ejercitada por cualquier legislador o por el Poder Ejecutivo Nacional».

Minutos antes, José Luis Gioja, en ese momento jefe de la bancada PJ, anunció de manera tajante: «quisiera señalar un criterio que hemos definido en nuestro bloque, consistente en no aceptar ningún tipo de modificaciones, con la seguridad de esta ley está haciendo falta. Necesitamos que hoy se sancione definitivamente esta norma para que la pueda promulgar el Ejecutivo».

Al menos, el sanjuanino dejó abierta una puerta para correcciones, tenemos «el compromiso asumido -también lo asumimos con el bloque de la Alianza- de trabajar junto con el interventor en posibles leyes modificatorias o rectificatorias que sea necesarias».

Maestro, colega de Gioja, pareció más oficialista que el peronista. «El bloque que presido va a aceptar la posición de la bancada justicialista teniendo en cuenta la necesidad perentoria de sancionar hoy esta iniciativa. Por la tanto, coincidimos en que no se realice ningún tipo de modificación, sin perjuicio de que todos los legisladores que quieran manifestar sus prevenciones en cada artículo lo hagan públicamente».

Su correligionario Eduardo Moro amagó con hacer una observación, pero sus pares lo hicieron desistir. Sólo el provincial Gómez Diez se atrevió a romper el silencio.

En la versión taquigráfica del 3 de julio, hay otras perlas. Luis Barrionuevo, fogonero de ley, llegó a denunciar que «el PAMI fue botín de los distintos políticos de turno». No se ruborizó. Tampoco cuando reivindicó a la catamarqueña Marita Colombo (Frente Cívico), quien 8 meses más tarde se transformó en promotora de su expulsión por el escándalo que derivó en la suspensión de los comicios en la provincia norteña.

En aquella sesión, el gastronómico homenajeó a su rival doméstico «la senadora Colombo, que tanto trabajó y luchó también por esta ley». Maestro, al fundamentar antes de la votación en general, rindió tributo «a quien por entonces era presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, diputada Cristina Guevara. Ellos (se refiere a Guevara y al ex interventor y ex diputado José Manuel Corchuelo Blasco) defendieron en la cámara de Diputados esta iniciativa y lograron un resultado extraordinario: que este proyecto de ley fuera aprobado allí por la unanimidad de todas las bancadas presentes en el recinto».

El radical fue más lejos y alabó que la «excelente decisión de reservar a este Congreso de la Nación la facultad de decretar, si fuere necesario, la intervención del Instituto, porque así le restamos esa posibilidad al Poder Ejecutivo nacional, que la ha aplicado de manera discrecional provocando, en muchos casos, consecuencias realmente lamentables por el manejo del PAMI».