Corrupción: gobierno crea figura de "protegido" para denunciantes

El gobierno de Néstor Kirchner alienta una ley de protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción, que incluye pena de prisión a los funcionarios que sancionen a quienes aportaron datos sobre estos ilícitos, y un régimen de custodia especial para estos últimos. La iniciativa, originaria de la Oficina Anticorrupción, podría llegar al Congreso dentro de 2 meses, previo paso por el Ministerio de Justicia.

Antes, los especialistas de la OA que trabajaron en el borrador enriquecerán el proyecto con las sugerencias que acercaron, entre otros, catedráticos como José Cafferata Nores, legisladores, jueces, funcionarios de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación, abogados y las ONG, Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales, gracias al sistema habilitado por la Oficina Anticorrupción para mejorar el texto en gestación.

La norma debe aprobarse en Diputados y Senado porque la Argentina firmó, en 1996, la Convención Interamericana contra la Corrupción, cuyo articulado menciona expresamente el sistema de protección a denunciantes y testigos de cohechos. En ese sentido, la OA adoptó un modelo de la OEA para darle forma al original.

La iniciativa incorpora al Código Penal la sanción «con prisión de cuatro meses a cuatro años» al funcionario público que ilegalmente aplicara una sanción a otro que denuncie o sea testigo de un acto de corrupción.

• Sanciones prohibidas

La nueva ley establecería la «prohibición de sanciones o medidas discriminatorias por denuncias o testimonios de actos de corrupción» tales como exoneración, cesantía, despido, retrogradación, postergación de ascenso, suspensión, apercibimiento, traslado, reasignación o privación de funciones, no renovación de contrato, calificaciones o informes negativos, o de cualquier forma de sanción o discriminación que suelen sufrir como represalia los denunciantes.

Según la norma en estudio, los testigos podrán pedir a la OA medidas de protección personal, como custodia permanente, el traslado del denunciante y su familia a otra residencia y la asignación transitoria de una identidad simulada.

«Quienes más posibilidades tienen de denunciar son los que están cerca de los que se han corrompido y éstos están más sujetos a recibir represalias y presiones. Esta ley será para que se sientan seguros y estén protegidos, pues no se trata de generar una cruzada en la que la gente exponga su integridad física ni su posibilidad de trabajo», resumió el director de planificación de políticas de transparencia de la OA, Nicolás Raigorodsky.

Raigorodsky señaló que «la corrupción es un delito atípico ya que las partes son socias y ninguna tiene incentivo para denunciar. Se beneficia el funcionario público que recibió un soborno y el privado que al pagarlo ganó la licitación, o se benefician todos los funcionarios que están malversando, pero es difícil identificar a la víctima». «En este caso -agregó-, los que atestiguan o denuncian lo están haciendo sin pretender ningún beneficio de la denuncia.»

• Etica

La OA tiene en carpeta otras medidas tendientes a fomentar la transparencia. Sobre el particular, Raigorodsky informó sobre otro proyecto que incluye modificaciones a la Ley de Etica Pública que podría ser enviado en el transcurso de este mes al Congreso.

Entre las modificaciones, se incluye la obligatoriedad de que todos los candidatos a presidente presenten su declaración jurada antes de ser elegidos. Además, incluye el requisito de que lo haga durante la campaña electoral, así como los ministros que sean propuestos por el jefe de Estado.

«La idea es que el Presidente sepa cuáles serán las limitaciones que esa persona tendrá para ejercer el cargo, en qué casos no va a poder actuar o tendrá que abstenerse», explicó el director de la OA. Otra propuesta que se impulsa es que cada poder del Estado -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- pueda reglamentar la ley, ya que cada uno tiene sus propias normas y reglas de ética pública.