Corte Suprema: juez rechazó recusación por oponerse a nombramientos

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien se opuso al juramento de dos magistrados "en comisión" como miembros de la Corte Suprema, rechazó la recusación que le planteó el Poder Ejecutivo Nacional por pertenecer a la agrupación "Justicia Legítima".
El planteo del gobierno nacional, que deberá ser resuelto en definitiva por la Cámara Federal de Mar del Plata, fue en la causa en la que Ramos Padilla ordenó a la Corte abstenerse de tomar juramento a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En la recusación, se sostuvo que la militancia de Ramos Padilla en "Justicia legítima" y su cercanía geográfica y política con quien promovió la acción de amparo que posibilitó el dictado de la medida cautelar comprometen la imparcialidad, objetividad e independencia del magistrado.

Ramos Padilla afirmó que el hecho de que los magistrados o funcionarios del Poder Judicial pertenezcan a una asociación "podrá despertar en el recusante una mayor o menor simpatía", pero sostuvo que "jamás puede ser un motivo que habilite a reclamar su apartamiento".

Sino, acotó, "se llegaría al extremo absurdo de que todos aquellos magistrados que han tenido algún tipo de participación en la agrupación Justicia Legítima -y/o cualquier otra que no fuera de su agrado- estarían impedidos de resolver cualquier cuestión en la que esté involucrado el Poder Ejecutivo Nacional". Ello "sería contrario a los más elementales valores que hacen al Estado de Derecho", agregó.

Como el gobierno fundamentó además la recusación en publicaciones periodísticas, Ramos Padilla expuso que "podrán las partes y/o los medios de prensa calificarme como quieran, pero eso no altera mi imparcialidad, ni la tranquilidad de espíritu para resolver en este expediente".

Sobre las críticas por dar entrevistas tras el dictado de la medida cautelar, el juez dijo que "no puede constituir un motivo de recusación la explicación del contenido, el alcance y las consecuencias jurídicas de un fallo a los ciudadanos en general, quienes tienen derecho a estar informados sobre asuntos públicos de extrema importancia para las instituciones de la República".