El caso viene a colación porque a partir de la salida del gobierno de la Alianza y de los decretos que establecieron las restricciones económicas, léase «corralito» o «corralón», se generó una suerte de bisagra con la Corte Suprema de Justicia, y se la colocó en un rol de oposición por emitir sentencias que de alguna manera contrariaron al poder político, aunque respetaron la propiedad privada.
Precisamente, el control judicial encierra la posibilidad de que un Tribunal descarte la aplicación de una ley del Congreso o de un decreto del Presidente. Y, aunque es cierto que es difícildeterminar cuándo un juez o un tribunal colegiado, o un Poder Judicial es en los hechos independiente, ese concepto de independencia no debería ser usado como lo ha sido. Más bien debería tenerse en cuenta que el juez o el tribunal deciden los casos por mérito, según su leal saber o entender ( equivocados para otros o no), es decir sin que sea determinante el deseo de congraciarse con algunas de esas autoridades. En otras palabras,
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