El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación para determinar si el Gobierno, a través de la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, incurrió en delito al presentar ante la Justicia documentación para contrarrestar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La denuncia fue iniciada por el fiscal Germán Moldes, quien ahora tiene en sus manos la apelación del fallo que desestimó la presentación de Nisman, a raíz de un informe que hizo la procuradora para rebatir la acusación hecha por Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman, la cual terminó siendo desestimada por el juez Rafecas.
Mediante un dictamen, el fiscal pidió al juez federal Sebastián Casanello que realice algunas medidas de prueba para determinar si Abbona cometió delito.
Moldes -uno de los organizadores de la "marcha del silencio" del 18F- es quien ahora debe resolver si sostiene la acusación ante la Cámara Federal por presunto encubrimiento, aunque fue recusado en las últimas horas por el diputado kirchnerista Andrés Larroque y el supuesto espía Héctor "Allan" Bogado, también denunciados por Nisman.
La presentación de Abbona y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament se produjo cuando Rafecas evaluaba la denuncia de Nisman y, entre otras cosas, aportaban el correo electrónico enviado por el secretario general de Interpol, Ronald Noble, desmintiendo que el Gobierno hubiera gestionado el levantamiento de las "alertas rojas" contra los iraníes acusados de volar la AMIA.
Tras ello, el fiscal Moldes denunció a Abbona y los subprocuradores por el delito de "peculado": el fiscal explicó que la Procuración del Tesoro debe defender los "intereses del Estado Nacional" y advirtió que en todo caso las personas denunciadas por Nisman, entre ellas la Presidenta, deberían recurrir a defensores particulares o de la Defensoría General de la Nación.
"Los firmantes habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones específicas del organismo público que dirigen. Es que han utilizado las recursos materiales y humanos con que cuenta la Procuración del Tesoro en beneficio de terceros, personas físicas, no contemplados en las normas que rigen su funcionamiento", sostuvo Moldes.
