Interpol pide a España detener a 20 represores del franquismo

Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Interpol dio curso a un pedido de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y ordenó a España la captura de 20 imputados por los crímenes del franquismo.

Según informó la agencia EFE, la delegación argentina de Interpol solicitó al gobierno de Mariano Rajoy la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 imputados, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Fuentes de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), informaron que Interpol comunicó a la jueza que ya había cursado su pedido emitido el 30 de octubre. En esa resolución de 286 carillas, la magistrada consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

De esta forma, Servini ratificó lo sostenido al ordenar las cuatro primeras detenciones en la causa el año pasado en lo referido a los argumentos para sostener "la jurisdicción" de Argentina "para juzgar los hechos que motivaran" la querella criminal por homicidios, secuestros, torturas y robo de bebés durante la dictadura franquista en España.

La decisión recayó sobre Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.

Además, se pidió la detención de Licino de La Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez, Licino De La Fuente, Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracibar, Rodolfo Martín Villa, Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey González. Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Oter, entre otros.

Ante la petición, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, dudó de la extradición. "Por los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) por hechos similares de los que ahora hemos tenido conocimiento a través de la prensa, yo creo que la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de Amnistía", dijo Catalá en los pasillos del Congreso de los Diputados.

El ministro se refería al caso de dos expolicías franquistas acusados de presuntas torturas dentro del mismo caso y cuyas extradiciones fueron denegadas por la justicia española con el argumento de que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además prescribieron hace años.

La orden de Interpol causa estupor en España ya que Villa fue ex ministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979 y Utrera Molina fue secretario general del Movimiento, un cargo que detenta la vicepresidencia del Consejo Nacional del Movimiento.

A Utrera Molina, que es suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, lo acusan de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, un anarquista miembro del grupo Movimiento Ibérico de Liberación. En tanto, a Villa se lo señala por el asesinato de cinco trabajadores durante una protesta gremial.

En la resolución de Servini se les adjudican distintos tipos de delitos a los acusados, desde homicidio, hasta secuestros, tortura y sustracción de un recién nacido según el caso, todos cargos que contemplan penas de prisión elevadas y de cumplimiento efectivo. En varios casos la jueza imputó a los buscados por homicidio agravado, que prevé penas de reclusión o prisión perpetua.

En su viaje a España, en el mes de junio, Servini de Cubría logró interrogar a las "víctimas y querellantes en el proceso argentino, que por su edad o condiciones no pueden viajar a Buenos Aires a prestar declaración ni trasladarse a cualquiera de los consulados argentinos".

Con el motivo de recabar "pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos de la nación española" y "tiene previstas reuniones con representantes de diversas instituciones del Estado español".

Esta causa se originó por una denuncia penal que el 14 de abril de 2010 radicaron en la Justicia federal argentina el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, a esta primera denuncia se le fueron sumando querellantes, hasta llegar a ser "entre 150 y 200", según confió la Ceaqua.

Por lo que también se presentaron como querellantes la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Sociales y Legales(CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Comité de Acción Jurídica.